Córdoba.- El Consejo de Alcaldes aprueba la creación de un Pacto Provincial por la Vivienda

CÓRDOBA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alcaldes, órgano consultivo de Presidencia de la Diputación de Córdoba, aprobó hoy desarrollar un Pacto Provincial por la Vivienda, enmarcado dentro del protocolo firmado en Sevilla el pasado 15 de enero entre la institución provincial y la Junta de Andalucía, cuyo fin es la aportación de suelo para viviendas de protección oficial (VPO).

Según informó hoy la Diputación cordobesa en un comunicado, para el correcto desarrollo de este acuerdo, la institución provincial implicará a la Promotora Provincial de Viviendas de Córdoba (Provicosa) y al Grupo Cinco, que se dedicarán, tanto a gestionar la adquisición de suelo, como a la posterior construcción de viviendas.

El objetivo es que en dicho Pacto Provincial por la Vivienda se comprometan, junto a la Diputación de Córdoba, los ayuntamientos de la provincia, así como los agentes económicos y sociales, a través, en este último caso, del que habrá de ser el III Acuerdo de Concertación.

En este sentido, el Consejo de Alcaldes acordó también la celebración en Córdoba de unas jornadas sobre gestión urbanística, que está previsto que se desarrollen durante la primera quincena del próximo mes de febrero.

Con el protocolo firmado por la Administración autonómica y las diputaciones andaluzas, incluida la de Córdoba, se pretende acabar con las necesidades de vivienda protegida de los municipios menores de 20.000 habitantes.

El acuerdo permitirá, en el caso de la provincia de Córdoba, la construcción de 9.189 viviendas, con una superficie útil de entre 70 y 80 metros cuadrados y con un precio de venta no superior a los 80.000 euros.

El objetivo del protocolo es asegurar que dos terceras partes de las viviendas protegidas que se construyan se destinen a familias cuyos ingresos no excedan en 2,5 veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem).

La Diputación de Córdoba será la encargada de coordinar con los respectivos ayuntamientos la programación de la construcción de viviendas protegidas, pudiendo concretar para ello convenios específicos con los municipios y la Consejería de Obras Públicas, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que aportará al proceso de urbanización una ayuda de 3.000 euros por cada vivienda que se oferte al mercado.