CORDOBA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz andaluz de Los Verdes, Francisco Garrido, dijo hoy que "las actitudes de colaboración" entre el Ayuntamiento de Córdoba y la constructora Arenal 2000 "e incluso su defensa pública por parte de los máximos responsables municipales muestran que existen responsabilidades penales de la empresa y del Ayuntamiento en la prevaricación".
En rueda de prensa, Garrido basó estas declaraciones en que, según dijo, "el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de una actuación ilegal por parte de la empresa y no se ha tomado todos los medios para que esa actuación ilegal no se parara".
"El problema --según dijo-- no es sólo político sino que es un problema legal y la Fiscalía tiene la obligación de actuar porque existe una clara connivencia entre unos hechos evidentemente ilegales y la pasividad escandalosa" por parte del gobierno municipal.
Por este motivo, Los Verdes va a remitir la próxima semana a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga un nuevo dossier "donde aparece una relación bastante pormenorizada de los hechos especialmente vinculados con la actividad en Colecor y la destrucción de la torre de leche en polvo".
Y es que, según dijo, "hay una demostración evidente de que hay una connivencia por pasividad del Ayuntamiento ante las ilegalidades urbanísticas cometidas por Arenal 2000", por lo que tildó al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Andrés Ocaña, y la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar, de "abogados defensores de las irregularidades urbanísticas".
De este modo, Garrido insistió en que el nuevo dossier que entregarán a la Fiscalía "confirma que en el caso de las naves de Colecor y la torre hay una actuación ilegal y además es conocido al día por el Ayuntamiento sin que este actúe, ya que sabía que había denuncias de la Policía Municipal, y en la GMU".
Así, para fundamentar estas declaraciones, señaló que "en la inauguración de las oficinas de Arenal 2000 participaron miembros del Ayuntamiento, y que en 2004 Andrés Ocaña en un escrito dijo que concedía licencia provisional condicionada a que el desarrollo urbanístico autorice con posterioridad el uso para oficinas y con imposición del compromiso de aceptar de forma expresa que se trasladarán las oficinas de Colecor sin derecho a la indemnización y a la consiguiente adecuación de dicho edificio con reposición a su costa al estado original en todo caso".
Según dijo, este nuevo dossier incorpora datos nuevos al ya presentado en la Fiscalía de Córdoba y "está compuesto de datos oficiales, como informes de la GMU, un dossier de prensa, además de comunicaciones que indican actuaciones que no remiten a ninguna documentación oficial".
De otro lado, Garrido hizo referencia también a la concentración que se produjo el domingo pasado por parte de los trabajadores de Arenal 2000 en la puerta de las oficinas, en la Carretera de Palma del Río, hecho sobre el que informó de que el pasado miércoles remitió una carta de denuncia a la Delegación Provincial de Trabajo y a los sindicatos para que "investiguen las condiciones en los que estos trabajadores han sido extorsionados y traídos para manifestarse en favor de su patrón".
