Archivo - Muestra de listeria monocytogenes, en imagen de archivo - RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - Archivo
GRANADA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha tomado declaración en la mañana de este jueves como investigados a cinco de los cargos y funcionarios denunciados por la empresa cuya cárnica en Cájar, en el cinturón metropolitano, fue objeto de una alerta alimentaria en 2023 por un resultado laboratorial de presencia de listeria monocytogenes, y posteriormente clausurada. El próximo 28 de octubre están citados otros dos, entre ellos el delegado de Salud y Consumo de la Junta en la provincia, Indalecio Sánchez-Montesinos, para declarar en esta misma investigación.
Todos están llamados a declarar como investigados para preservar sus derechos. Este jueves, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, los cinco citados continúan en libertad tras sus declaraciones y sin medidas cautelares. El día 28 había inicialmente previstas otras tres si bien una de ellas se suspende tras el sobreseimiento de la investigación a uno de estos cargos, a petición de la Fiscalía.
Desde la Junta, contra la que también fue la querella por su posible responsabilidad civil subsidiaria, se indicó a Europa Press a finales del pasado junio, cuando trascendieron las citaciones a los cargos de Salud y desde el respeto al proceso judicial, que el procedimiento llevado a cabo por la Delegación Territorial se realizó "siempre en el marco de la responsabilidad que tiene respecto a la prevención y protección de la salud pública, es decir, de la protección de los ciudadanos y también de garantía de las empresas".
La querella de la empresa, que cesó su actividad tras este episodio, se formulaba por la presunta comisión de ilícitos de prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, y delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
También por supuestos ilícitos de denuncia falsa, falso testimonio en causa criminal, coacciones y pertenencia a organización criminal, según especificaron en su día fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press.
Por otro lado, la Guardia Civil informó en noviembre de 2023 que había abierto diligencias con dos investigados vinculados a esta empresa sobre la que la Consejería de Salud y Consumo, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió la alerta alimentaria y abrió un expediente informativo tras tener conocimiento de la puesta en el mercado de productos que fueron inmovilizados cautelarmente por el citado resultado laboratorial.
Fue a finales de octubre de ese mismo año cuando Salud emitió la alerta alimentaria tras tener conocimiento por el control oficial de los servicios de inspección del Distrito Granada-Metropolitano de la puesta en el mercado de los productos que fueron inmovilizados.
No constaron afectados en relación con esta alerta alimentaria si bien la Junta informó en ese momento en una nota de prensa, los productos habían sido distribuidos en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla así como en un establecimiento ubicado en Islas Baleares.
Posteriormente se conoció que la Junta había reforzado los controles en la cárnica, en el marco de esta investigación en la que colaboró la Guardia Civil y conllevó en un primer momento a la limitación de la actividad a tareas de mantenimiento industrial, tras un primer cierre de su actividad al detectarse en algunos de sus productos presencia de listeria monocytogenes.