SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía ha comparecido en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía para exponer su postura en la confección de una posible ley que garantice la universalidad y gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años, además de exigir la indivisibilidad de este ciclo educativo.
Las responsables de Escuelas Infantiles Unidas, encabezada por la presidenta, Maribel Uncala, y la secretaria, Gema Alarcón, han basado su intervención en un apoyo a dicha universalidad y gratuidad; pero "desde un diálogo profundo y reflexionado con el sector que llegue a un verdadero pacto por la Educación en Andalucía".
Las propuestas iniciales para esta tramitación legislativa apuntan, basándose en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, a una posible ruptura del ciclo de Educación Infantil 0-3 años, que derivaría con una legislación inadecuada a parte de este alumnado fuera de centros exclusivos y especializados en estas edades.
Escuelas Infantiles Unidas ha solicitado que una norma de este calado, que pone en el centro del debate educativo a los menores más vulnerables de Andalucía, y al enorme valor de la conciliación familiar en la región; no puede basarse en la modificación de una ley que cuenta ya con doce años, y que pondría en peligro los altos criterios de calidad educativa y social logrados en los últimos 20 años en el sector.
No sólo han mostrado una firme oposición a una posible ruptura del ciclo educativo de 0 a 3 años, rechazando cualquier intención de acoger a alumnos de 2 y 3 años en colegios de Infantil y Primaria; sino que han expuesto datos y argumentos para plantear la necesidad de que el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) también se ejerciera en centros exclusivos como ocurre en los países más avanzados y con más éxito educativo de Europa.
En la cuestión que ha tratado la Comisión de Educación, la Educación infantil de 0 a 3 años se ha dejado claro que es un ciclo educativo indivisible. Y que los espacios donde se lleven a cabo las acciones educativas deben ser exclusivos para estas edades; aprovechando la red de centros autorizados existentes para no destruir un sector y no emplear más dinero público del necesario.
