Facua afea a la Junta que "diluya" en el decreto VTC sus "promesas de protección al consumidor"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua ha asegurado este miércoles que la Consejería de Fomento no ha "cumplido las promesas de protección a los consumidores" que afirma asumió durante la negociación del decreto ley que se aprobó este martes en Consejo de Gobierno, y que permitirá a los vehículos VTC seguir operando en las ciudades andaluzas a partir del próximo 1 de octubre.

La federación ha recordado en un comunicado que ha participado en las últimas semanas en dos reuniones presididas por Mario Muñoz-Atanet Sánchez, viceconsejero de Fomento, y en ellas se le hizo llegar "una serie de medidas centradas principalmente en proteger a los consumidores". En concreto, "la Junta se comprometió a incluir la mayoría de estas reivindicaciones en la nueva norma, algo que lamentablemente no ha ocurrido".

Facua ha criticado además que el decreto ley, aún sin publicar en el BOJA, haya sido filtrado y publicado en prensa, y no se haya remitido previamente a los agentes sociales. La federación ha subrayado que "en ningún momento ha tenido acceso al borrador o al texto definitivo para poder así cotejar el reflejo de las posibles propuestas aceptadas en el contenido de la norma".

COMPROMISO DE LIMITAR LAS TARIFAS ABUSIVAS, PUNTO CLAVE PARA FACUA

La organización ha destacado que el Gobierno andaluz se había comprometido a limitar las tarifas abusivas de las VTC en situaciones de alta demanda como pueden ser eventos deportivos multitudinarios, ferias o congresos. "Sin embargo, el decreto ley recoge esta medida desde un punto potestativo de la administración, por lo cuál podría no aplicarse nunca esta limitación y aún así se estaría cumpliendo la ley", ha señalado en la nota de prensa.

Al respecto, Facua ha apuntado que "desde un primer momento" propuso que se estableciese un marco de relación de derechos entre los usuarios y las VTC. No obstante, en el documento aprobado por la Junta este aspecto "queda condicionado a un acuerdo entre las empresas operadoras del servicio y las entidades representativas de los consumidores y usuarios". "Es decir, si no se llega a un acuerdo porque plataformas como Uber o Cabify no quieren ceder en determinados aspectos, no existirá este marco de derechos para los consumidores", destaca la organización.

La federación entiende que se debería de haber recogido y acotado en este decreto ley un marco mínimo, "y más teniendo en cuenta que el documento refleja algunos detalles tan específicos como el color o las medidas de los vehículos, pero no así qué derechos tienen los usuarios a la hora de usar estos medios de transporte".

"EN EL AIRE LAS INDEMNIZACIONES A LOS USUARIOS"

Otro de los elementos "del que se había hablado de manera expresa en la negociación" era, apunta Facua, que se iba a establecer indemnizaciones por daños y perjuicios concretos, especialmente en el caso de que los prestadores cancelasen el servicio de manera unilateral.

"Sin embargo, en el documento aprobado sólo se hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin concretar absolutamente nada y sin que en la práctica suponga ningún avance en la protección del usuario", ha señalado.

Asimismo, asegura que la Consejería también se había comprometido a establecer la responsabilidad directa de las plataformas frente a los usuarios, "ya que éstas suelen inhibirse de cualquier responsabilidad indicando que son meros intermediarios". "En el nuevo decreto ley tampoco se desprende esta responsabilidad de manera clara más allá de que pueden negociar la regulación de los derechos de los viajeros, entendiendo que no se irá más allá de lo que quieran asumir dentro de la propia negociación", sostiene.

Facua también remarca que planteó que la norma garantizase un 5% de la flota para personas con movilidad reducida, de manera que se asegure el acceso universal del servicio. "Sin embargo, la Junta ha establecido este porcentaje únicamente a aquellas flotas con más de 100 autorizaciones, lo cual no garantiza el efectivo cumplimiento global del porcentaje, suponiendo una clara discriminación a este colectivo de usuarios", afirma.

RECHAZO A LA PRECONTRATACIÓN POR TIEMPO

Por otro lado, subraya que la Junta ha rechazado incluir la precontratación por tiempo de 15 minutos que reclamaba el sector del taxi, estableciendo un límite de precontratación por espacio de entre 150 y 300 metros dependiendo de la zona y su cercanía a aeropuertos, puertos, estaciones de tren o autobús, hoteles o juzgados entre otros espacios.

Facua, al respecto, ha mostrado su preocupación sobre la eficacia de esta medida y la forma en la que se va a poder controlar esta precontratación por espacio, siendo este aspecto de gran importancia para equilibrar ambos modelos en un contexto actual en el que se está muy lejos de cumplir la ratio de un vehículo VTC por cada 30 taxis.