Persisten en Granada los delitos contra la vida, "poco numerosos pero de extraordinaria gravedad"
GRANADA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Granada incoó en 2008 un total de 127.730 diligencias previas, un tres por ciento más que en el año anterior, cuando se registraron 123.848, según se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior, presentada hoy en Granada por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
En la incoación de diligencias urgentes se contabilizaron incoadas6.427, de las que fueron calificadas 5.218. En la provincia, el volumen de asuntos que genera el sistema de enjuiciamiento rápido es "muy alto" y un instrumento "singularmente eficaz" para los órganos de instrucción penal.
Por otra parte, el número de calificaciones efectuadas en procedimientos abreviados enjuiciados por los juzgados de lo penal, ha supuesto un ascenso en los mismos, ya que el año anterior la cifra fue de 1.320 y fueron 1.621 calificaciones realizadas por el fiscal en el 2008, todo ello sin contar las 5.218 calificaciones efectuadas en las Diligencias Urgentes.
Asimismo, el número de calificaciones de procedimientos de esta naturaleza, cuyo enjuiciamiento compete a la Audiencia Provincial, ha descendido ligeramente desde los 194 casos del año anterior a los 130 del presente año. Detecta además el Ministerio Público un número elevado de sobreseimientos o archivos, hasta 261.
Resulta "bastante elevado", por su gravedad punitiva, según se señala en el informe, el número de calificaciones realizadas en procedimientos sumarios, con un total de 46 casos y otras 17 calificaciones en procedimientos desarrollados ante el tribunal del jurado.
También destacan el número de sentencias conformadas en los juzgados de instrucción, que fueron un total de 923 y en lo que respecta a las sentencias que han sido dictadas, destacan las de los Juzgados de lo Penal: frente a las 1.185 del 2007 en el año 2008 han sido 1.765 en 2008, de las que 765 fueron conformadas, 580 dictadas sin conformidad y otras 420 disconformes con la petición fiscal.
La Audiencia Provincial de Granada, por su parte, ha dictado un total de 106 sentencias, de las cuales 97 fueron condenatorias y 9 absolutorias.
EVOLUCIÓN CUALITATIVA DE LA CRIMINALIDAD
En lo que se refiere a la evolución cualitativa de la criminalidad, persisten en Granada los "graves delitos" contra la vida producidos durante el año anterior, "poco numerosos pero de extraordinaria gravedad". Al igual que en años anteriores, la incidencia global más significativa de los hechos delictivos cometidos en la provincia de Granada, tiene lugar en materia de delitos contra la propiedad.
Se constata en la memoria igualmente el aumento de las causas seguidas por temas de violencia doméstica en general y violencia sobre la mujer en particular y en la jurisdicción de menores vuelve a producirse, como en años anteriores, el elevado número de expedientes seguidos por delitos de violencia en el ámbito familiar, si bien se apunta que, desde la puesta en marcha del protocolo suscrito en la Sección, en el presente ejercicio las causas por violencia o maltrato familiar se han estabilizado, manteniéndose prácticamente idénticas, habiéndose registrado en el año 2008 un total de 128 expedientes, uno menos que el año anterior.
En materia de siniestralidad laboral, la Fiscalía resalta que se mantiene, de un lado, invariable el número de homicidios en accidente laboral en tanto, de otra parte, aumentan los delitos de lesiones graves y muy graves por siniestralidad laboral. Se produce además un incremento "apreciable" en el número de procedimientos abreviados y escritos de acusación presentados por el fiscal.
En cuanto a los delitos económicos, todas las denuncias presentadas en Fiscalía han finalizado con la correspondiente interposición de denuncia ante el juzgado de instrucción. Durante el año 2008 ha existido, según el Ministerio Público, una "notable desproporción" entre las denuncias presentadas por la Agencia Tributaria por delitos de defraudación del Impuesto Sobre el Valor Añadido, frente a defraudaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Por su importancia y complejidad, la Fiscalía recuerda además el caso del supuesto fraude a la Seguridad Social, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, con un procedimiento en trámite con un total de 101 detenidos por estafa y falsedad, entre los que se encuentran empresarios acusados de crear empresas fantasmas que no tenían actividad y dar de alta a numerosos trabajadores para que luego estos, al finalizar el contrato, se beneficiaran de las prestaciones por desempleo, sin abonar el importe correspondiente de los seguros sociales.
En lo referente a las incidencias con la nueva regulación de los delitos contra la seguridad vial, la Fiscalía expone que para los Juzgados de Instrucción esto han supuesto un incremento importante del número de diligencias urgentes incoadas.
Esta herramienta procesal es la que ha permitido abordar con éxito la nueva regulación y la existencia de los nuevos delitos, según el Ministerio Público, singularmente aquellos que se han presentado masivamente, como son los de la conducción sin permiso o licencia, hasta el punto de que se puede afirmar que de otra forma "no hubiera sido posible afrontar el incremento de trabajo".
La lectura de los datos estadísticos revela que de las 1.821 diligencias urgentes incoadas, se han calificado durante el servicio de guardia un total de 1.650, habiéndose dictado 1.552 sentencias de conformidad.
La cuestión es diferente en el ámbito de los juzgados de lo Penal encargados de la ejecución de las penas impuestas, puesto que éstos han visto aumentar considerablemente el número de ejecutorias por el dictado de 1.623 sentencias condenatorias en el año 2008 entre los siete Juzgados de lo Penal de la provincia, que suponen unas 230 sentencias para ejecutar por cada uno de ellos.
La ejecución de las penas de multa, a veces con aplazamientos de pago, supone la pervivencia en ejecución por períodos dilatados de tiempo, pero lo más preocupante para la Fiscalía es en aquellos supuestos en que se ha optado por la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en que la imposibilidad de ofertar plazas ha supuesto problemas de llevar a cabo la elaboración del plan de ejecución lo que determina que se acuerde un archivo provisional del expediente y ello comporta el inicio del cómputo de prescripción de la pena.
