CÓRDOBA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Córdoba ha determinado remitir al Juzgado de Instrucción número siete de Córdoba la denuncia, dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, que presentó el pasado 18 de junio un exdirector de sucursal de la extinta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (CajaSur) contra los tres últimos presidentes de la desaparecida caja, cuando ésta estaba bajo control del Cabildo Catedral de Córdoba, Miguel Castillejo, Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra.
En el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público ha acordado "el archivo de las presentes diligencias" de investigación que abrió al presentarse la denuncia, y "la remisión" de ésta al citado juzgado cordobés, "para su unión al procedimiento de diligencias previas" abiertas en el Juzgado de Instrucción número siete, que investiga "conductas relacionadas con la actividad de la entidad CajaSur".
Así, el fiscal argumenta en los fundamentos de derecho de su decreto de archivo de diligencias de investigación que, "más allá de la difusa y absolutamente inconcreta denuncia, basada únicamente en la sanción administrativa realizada por el Banco de España a la entidad CajaSur, es cierto que existen investigaciones judiciales en marcha" sobre dicha entidad en el mencionado juzgado, lo que ha llevado al fiscal a aplicar el "artículo 773 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en el que se establece que "cesará el fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".
Por eso la Fiscalía de Córdoba ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que abrió tras recibir la denuncia y remitir la misma al Juzgado de Instrucción siete de Córdoba, "para su unión al procedimiento de diligencias previas" que tiene abierto respecto a la extinta CajaSur.
LA DENUNCIA
Por lo que se refiere a la denuncia en sí, según explicó ya a Europa Press el referido exempleado de CajaSur y actual socio de un despacho de intermediación financiera, Rafael Bueno, lo que él demanda es se determine si la extinta caja cordobesa y sus tres últimos presidentes "pudieran haber cometido actuaciones presuntamente delictivas", en relación con los hechos relatados y "sancionados" por el Banco de España, según el anuncio publicado por éste último en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 15 de junio.
De esta forma, Bueno se apoya en la citada resolución del Banco de España que, al ser ya firme en la vía administrativa, conllevaba la difusión de las mencionadas sanciones, consistentes en este caso en la amonestación pública a la extinta CajaSur por la comisión de "infracciones muy graves y graves", que fueron precisamente las que llevaron a su intervención por el Banco de España y a su posterior subasta en 2010.
Según expone el Banco de España en el BOE y que igualmente fue recogido por Bueno en su denuncia, las presuntas actuaciones delictivas estarían relacionadas, entre otras, con la "sanción de amonestación pública" a la desaparecida caja por una infracción muy grave tipificada en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que se produce cuando la entidad de crédito presenta "deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, incluidos los relativos a la gestión y control de riesgos, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad".
También se sancionó con amonestación pública otra infracción muy grave, relativa al "incumplimiento de las políticas específicas que, con carácter particular, hayan sido exigidas por el Banco de España a una entidad determinada en materia de provisiones, tratamiento de activos o reducción del riesgo inherente a sus actividades, productos o sistemas, cuando las referidas políticas no se hayan adoptado en el plazo y condiciones fijados al efecto por el Banco de España y el incumplimiento ponga en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad".
Una tercera sanción de amonestación pública a la extinta CajaSur está relacionada con otra infracción muy grave a la misma norma, en esta ocasión respecto a incurrir la entidad en "insuficiente cobertura de los requerimientos de recursos propios mínimos, cuando estos se sitúen por debajo del 80 por 100 del mínimo establecido reglamentariamente en función de los riesgos asumidos, o por debajo del mismo porcentaje de los requerimientos de recursos propios exigidos, en su caso, por el Banco de España a una entidad determinada, permaneciendo en tal situación por un período de, al menos, seis meses".
Finalmente, también se impuso una sanción de amonestación pública a la antigua CajaSur por cometer una infracción grave, prevista en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, "consistente en el incumplimiento de las normas vigentes en materia de límites de riesgos o de cualquier otra que imponga limitaciones cuantitativas, absolutas o relativas, al volumen de determinadas operaciones activas o pasivas".
NO AFECTA AL BBK BANK
Por otro lado, Rafael Bueno ya aclaró que su denuncia no afecta ni tiene relación con el BBK Bank CajaSur, es decir, el banco instrumental creado por el Grupo BBK tras adquirir en subasta en 2010 la extinta caja cordobesa y que ahora forma parte de Kutxabank.
El propio BBK Bank, tras la publicación de la resolución del Banco de España en el BOE el pasado mes de junio emitió un comunicado en el que aclaró que las sanciones a las que se refiere dicha resolución "corresponden al expediente abierto a la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, extinta desde el 1 de enero de 2011", cuando comenzó a operar oficialmente el BBK Bank CajaSur.
En consecuencia, según se subraya desde ésta última entidad financiera, "en ningún caso estas amonestaciones han sido impuestas, ni afectan, a la actual gestión de BBK Bank CajaSur, que no ha sido parte en este procedimiento administrativo".
