CÓRDOBA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Huelga de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia de Córdoba, formado por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, ha continuado este jueves con sus movilizaciones con una manifestación en la que los profesionales han exigido al Gobierno central que "se siente a negociar y ponga fin a más de dos meses de concentraciones y huelgas" en las que se ha puesto de manifiesto la discriminación a la que se siente sometido este colectivo, que asciende a unos 750 trabajadores en la provincia.
Según han informado los sindicatos en una nota, los asistentes a la protesta se han manifestado desde la Delegación del Gobierno andaluz hasta la Subdelegación del Gobierno, en lo que ha sido la continuación a la marcha que realizaron los funcionarios de Justicia el martes en Madrid. Este calendario de movilizaciones concluirá el 13 de julio con una nueva manifestación en la capital de España que finalizará en el Palacio de la Moncloa.
Las centrales sindicales convocantes han lamentado que "el Ministerio de Justicia no haya mostrado ninguna voluntad de solucionar el conflicto con una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos profesionales, que representan en torno al 93% del total de la Oficina Judicial".
El Comité de Huelga ha criticado que el departamento dirigido por Pilar Llop haya hecho "oídos sordos" a sus reivindicaciones y al endurecimiento de las protestas y ha lamentado "profundamente los efectos negativos que tiene para la ciudadanía, siendo el Ejecutivo central el único responsable de todas ellas por su desidia y falta de compromiso con este colectivo de empleados públicos".
Así, los sindicatos convocantes han exigido al Gobierno que "ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar". A tal efecto, han exigido "una mejora salarial acorde con las funciones que se realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros". "Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen", han defendido.
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