Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (c), acompañado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (i), y el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela (d). A 16 de marzo de 2026 (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han llegado a un acuerdo con el que dan por "resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada" en torno a la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, con el que se evita que el Ejecutivo central interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por un artículo de dicha normativa.
Así se desprende de un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con dicha ley que se ha publicado este lunes, 19 de octubre, en los boletines oficiales del Estado (BOE) y de la Junta (BOJA), consultado por Europa Press.
La Junta y el Gobierno habían iniciado "negociaciones" en el seno de un grupo de trabajo constituido "en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales" manifestadas en relación con el apartado cinco del artículo 12 de la Ley 4/2025, de 15 de diciembre, de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía.
De esta manera, las "discrepancias" que enfrentaban a ambas administraciones giraban, en concreto, en torno al apartado 5 del artículo 12 de dicha ley que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 2 de diciembre de 2025 únicamente con los votos favorables del Grupo Popular y el rechazo tanto de Vox en Andalucía como de los grupos parlamentarios de la izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
El artículo de la Ley andaluza de espacios productivos con el que el Gobierno central discrepaba tiene que ver con la "cooperación, colaboración y coordinación interadministrativas". En concreto, el apartado 5 del mismo aborda la posible "formalización de encomiendas de gestión mediante convenios de colaboración con colegios profesionales para la realización de actividades de carácter material o técnico", concebida como instrumento de "colaboración pública" por parte de la Junta.
En virtud del acuerdo alcanzado, ambas administraciones "convienen que dicho apartado" del artículo 12 de la ley andaluza "debe interpretarse y aplicarse de conformidad con la normativa básica estatal en materia de régimen jurídico del sector público, así como con la normativa básica estatal en materia de contratación y, en particular, con el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014".
En razón al acuerdo alcanzado, "ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada", según se confirma en este acuerdo firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que se va a comunicar al Tribunal Constitucional "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional".
