GRANADA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex delegado de Medio Ambiente y actual alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez (PSOE), imputado por supuesta malversación de caudales públicos, negó hoy que haya existido desvío de fondos en el Parque Natural de Castril y aseguró que el destino de ese dinero es "totalmente claro".
En declaraciones a los periodistas después de que declarara durante algo más de hora y media ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Granada, Francisco Javier Zurita, Sánchez afirmó respetar el proceso y mostró su confianza en la justicia, por lo que su "tranquilidad" es "absoluta".
De igual forma, aseguró que las valoraciones "políticas" que tenga que hacer al respecto las hará después de que finalice la instrucción, que espera que se resuelva "lo antes posible", por lo que no quiso aclarar más detalles de su declaración ante el juez.
Así, ha negado las imputaciones que le atribuye el propietario de las fincas del Parque Natural que se querelló contra él, Rafael Aibar, y resaltó el seguimiento al respecto que han hecho los servicios técnicos de la Delegación de Medio Ambiente.
Dijo además desconocer "de dónde sale" la cantidad de 18 millones de euros que Aibar afirma que ha desaparecido y aseguró que los fondos destinados al Parque Natural están "invertidos".
Para hoy además estaba prevista la declaración de tres testigos, el actual director del Parque Natural de Castril, José María M.P., el secretario de la Delegación de Medio Ambiente Rafael P.C., y el ex jefe de servicio de la Delegación, Juan R.V.. El lunes comparecerán ante el juez el anterior alcalde de Castril, Joaquín Fernández (PSOE) y el actual regidor, el también socialista José Juan López Ródenas.
Se mantiene asimismo para el martes 24 la citación del ex delegado de Medio Ambiente Manuel Chirosa y Rafael de la Cruz, que fue director del Parque Natural de Castril.
La investigación judicial se abrió a raíz de la querella presentada Aibar contra varios cargos de la Junta de Andalucía, a los que acusa de malversación, falsedad en documento público, estafa, prevaricación y falsedad contra la Administración de Justicia.
Aibar mantiene que hay un total de 18 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados a proyectos en el Parque que no se han ejecutado, y de los que los acusados podrían haberse apropiado durante años a través de informes falsos.
