GRANADA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Trabajadores de la Alhambra imputados en el supuesto fraude en el control y acceso al recinto monumental reconocieron hoy ante el juez tener "flexibilidad" en la hora de entrada y número de personas por grupos que acceden al recinto cumpliendo así órdenes expresas de la dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Según fuentes del caso consultadas por Europa Press, se han presentado documentos en los que la propia dirección ha autorizado el acceso a "grupos enteros sin tener la entrada física", lo que pone de manifiesto la falta de una "normativa clara en cuanto al régimen de visitas".
Los dos trabajadores de la Alhambra citados esta mañana, un oficial de primera y un peón, detenidos por la Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, declararon aproximadamente durante una hora cada uno ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Angel del Arco.
En la puerta de los juzgados se concentró una veintena de compañeros para apoyar a los imputados, que, según el secretario del Comité de Empresa de la Alhambra, Eduardo Rodríguez, son "inocentes" ya que los trabajadores "no han cometido ningún tipo de delito ni de irregularidad".
En este sentido, Rodríguez manifestó su deseo de que concluya la investigación que "determine la inocencia de los trabajadores" ante la ausencia del "supuesto fraude", a la vez que recalcó que las movilizaciones del sindicato CC.OO. se deben a la "pésima directora" del Patronato --María del Mar Villafranca-- en el centro de trabajo.
Uno de los trabajadores citados a declarar en los próximos días comentó que no sabe "aún por qué tengo que comparecer ante el juez, ni por qué estoy fichado por la Policía desde hace meses", mientras insistió en que los trabajadores se han limitado a "cumplir órdenes de la dirección".
Hasta el 9 de abril el juez instructor tomará declaración a otras 15 personas imputadas como indiciarias responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y/o daños en el Patrimonio Histórico.
Durante el mes de marzo, Del Arco tomó declaración a 29 personas imputadas, la mayoría de las cuales se desvinculó de la supuesta estafa y negó irregularidades en el acceso al monumento, al menos, bajo su supervisión.
