JAÉN, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministerio fiscal solicita una pena de cinco años de prisión por un delito contra las relaciones familiares y otro de estafa para un hombre considerado como el supuesto jefe de toda una trama de adopciones ilegales, un caso en el que en principio también estaba implicado un matrimonio de Pegalajar por acoger a una niña, si bien finalmente no se han presentado cargos contra ellos y ahora esta pareja lucha por recuperar a la pequeña.
Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, el acusado se puso en contacto con este matrimonio sabiendo que estaban intentando adoptar a un niño y les dijo que sus trámites eran "mucho más rápidos" a la par que más rápidos.
Así fue como les pidió primeo dinero para tramitar la documentación y realizar el traslado, con lo que consiguió que estas personas le entregaran más de 16.000 euros. Al mismo tiempo, se puso en contacto con un familiar suyo de Guinea, quien viajó a España con su nieta de dos años de edad. Desde entonces, la pequeña estuvo con este matrimonio hasta que la Policía destapó la trama.
Al principio de la investigación, la Policía también detuvo al matrimonio jiennense, si bien siempre sostuvieron que habían sido víctimas de un engaño y que nunca supieron que estaban implicándose en una operación ilegal, teoría que ahora ha sido refrendada por el ministerio fiscal ya que también entiende que fueron engañados, de ahí que no les haya acusado.
Sin embargo, a raíz de toda esta operación, la Junta retiró a la pequeña de esta familia y, desde entonces, su abogada está trabajando para que el matrimonio recupere la custodia. Así, han iniciado un proceso en el juzgado para impugnar la resolución administrativa para recuperar a la pequeña. "Siempre alegaron que había diligencias penales contra ellos, ya no las hay y no pueden alegar eso", explica a su vez esta letrada.
La investigación la llevó a cabo la Policía Nacional, que detuvo a dos personas de nacionalidad guineana --entre ellos, el ahora acusado por el ministerio fiscal-- y les acusó de cobrar a familias a cambio de entregarles a niños en adopción. Según informó este cuerpo en julio, los niños llegaban a España de forma legal con un visado de turistas y, acompañados de un familiar, iban a la casa de los padres de acogida. Al expirar el plazo del visado, ese familiar desaparecía y entonces la familia informaba a la Junta de Andalucía de este hecho para que se declarara al menor en desamparo y poder así después adoptarle.
