SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, dentro de la pieza separada de la causa donde se indagan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha citado como investigados a dos exdirigentes de la entidad y a un empresario, a los que tomará declaración el 11 de octubre de 2018.
Así lo acuerda la magistrada instructora en una providencia de 4 de abril de 2018, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras recibir un escrito de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Sevilla, en el que solicita a la juez María Núñez, además de la citación como investigados del exdirectivo de Faffe Juan Carlos Díaz, el ex director gerente provincial en Sevilla de Faffe José Antonio Vargas y el empresario José Cervilla, diferente documentación e informes relativos a la causa.
En la providencia, la juez acuerda solicitar a la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta que informe y se remita a este Juzgado el expediente digitalizado de los distintos reintegros incoados contra la Faffe, y así mismo se informe sobre los trabajos de justificación y liquidación previo a la integración de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Igualmente, reclamar a la Dirección General de Formación un informe acerca del estado en el que se encuentran las subvenciones y del resultado de la revisión de los mismos por parte del grupo de trabajo formado en la propia Dirección General y que fue acordado mediante auto de 20 de enero de 2015.
Por necesidades del servicio, la juez acuerda suspender las declaraciones del exalcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija Antonio Torres García, el administrador único de la empresa de informática Umax Ulpiano Cuadrado y Francisco Aguilera Avecedo, que venían acordadas para el próximo día 12 de julio, y en su vista se señalan para que tengan lugar también el 11 de octubre. Además, la declaración testifical del representante legal del Centro de Estudios Económicos El Tomillo se señala para el próximo día 18 de octubre de 2018 a las 10,00 horas.
"CONTRATOS INDICIARIAMENTE IRREGULARES" POR VALOR DE 9,4 MILLONES
Cabe recordar que la juez María Núñez Bolaños, atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ya citó a declarar a 23 personas investigadas. Estas peticiones del Ministerio Público se realizaron en un escrito fechado el 6 de septiembre de 2017, consultado por Europa Press, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
A juicio de Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la normativa tendría carácter excepcional".
Según expone el Ministerio Público, estos contratos "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
Al hilo, precisa que, para llevar a cabo el supuesto fraude, se habrían utilizado una serie de instrumentos como el "fraccionamiento" de los contratos; la utilización en la tramitación de procedimientos "urgentes"; la "influencia" de las empresas adjudicatarias en la designación de las sociedades participantes; la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales; y las modificaciones contractuales, en especial la prórroga.
También alude a otros instrumentos como la participación de la empresa adjudicataria en la aprobación del presupuesto, o la participación en los procedimientos de contratación de empresas vinculadas.
La Fiscalía concluye igualmente que las actuaciones realizadas en esta investigación "habrían confirmado la existencia de indicios delictivos en los procedimientos de contratación de la Faffe", de acuerdo con la documentación recabada, el informe de auditoría y las declaraciones de los empleados.
