La Junta "anima" a los grupos a participar en una Ley de Incompatibilidades y el PSOE tacha el decreto de "cosméstica"

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha "animado" a los grupos parlamentarios a participar en la redacción de una Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos ya sea tramitando el decreto-ley recientemente convalidado por el Parlamento andaluz, elaborando un anteproyecto de ley desde la Junta o impulsando una proposición de ley desde la Cámara. Una iniciativa la del decreto que el Gobierno de Juanma Moreno impulsó al conocerse el posible fichaje del que fuera ex gerente del SAS y, posteriormente, exviceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, por una aseguradora privada con la que la Junta había cerrado acuerdos millonarios.

Así lo ha defendido Nieto en la comisión de Justicia de este martes y a preguntas del grupo parlamentario socialista, que ha calificado el decreto-ley convalidado de un "decreto cosmético". El Pleno del Parlamento andaluz avalaba hace unas semanas, con los votos a favor de PP-A y Vox, el decreto-ley que modifica la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta y la Ley de Transparencia Pública de Andalucía de 2005 para regular el procedimiento que debe seguir un ex alto cargo durante los dos años posteriores a su cese en el caso de que vuelva a ejercer tras el mismo una actividad privada.

En la comisión de Justicia, el consejero Nieto ha "animado" a los grupos políticos a "incorporarse" a la negociación. "Trabajen, hagan algo... Si no quieren, yo tengo que traer al Parlamento iniciativas para que esto no vuelva a ocurrir", ha argumentado el titular andaluz de Justicia, que ha defendido que el decreto convalidado por la Cámara viene a "poner fin a la debilidad normativa" que, a su juicio, generaba la actual ley vigente, que es "lamentable".

"Hemos aprobado un mínimo orden, un mínimo marco para no tener vacíos que puedan dar una imagen negativa de la actuación de los filtros de la Junta de Andalucía. Lo que queremos es hacer una regulación completa y les hemos ofrecido a todos los grupos parlamentarios nuestra mano para abordarla de la forma que consideren", ha justificado el consejero, que ha afeado a los grupos que en las conversaciones mantenidas hasta la fecha sobre este asunto hay "un elemento común: la distancia, no implicarse". "Estaría encantado de crear un grupo de trabajo estable y permanente para abordar esta cuestión", ha subrayado.

El diputado socialista Víctor Manuel Torres ha reprochado al consejero --leyendo un mensaje suyo en una conversación privada con Nieto por WhatsApp-- que "falte a la verdad", al tiempo que le ha acusado de "opacidad constante" y "demagogia". Le ha reclamado conocer los altos cargos que han solicitado informe de incompatibilidad desde que el PP gobierna en la Junta de Andalucía, a lo que el consejero le ha detallado todos los que lo han solicitado desde 2005, cuando gobernaba el PSOE.

Entre esos altos cargos, están un consejero de Empleo y un delegado del Gobierno en Huelva antes de 2019; así como un viceconsejero de Turismo y Deporte; el que fuera secretario general de Innovación, Cultura y Museo del 14 de febrero al 29 de agosto de 2019; el director general de la Agencia IDEA y la viceconsejera de Economía, Conocimiento y Empresas, todos ellos casos desde 2019 hasta la fecha.

El decreto-ley convalidado en el Parlamento prevé que, durante los dos años siguientes a su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas --incluidas las que pertenezcan al mismo grupo societario-- relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo.

Además, durante los dos años tras el cese tampoco podrán firmar, ni por sí mismas ni a través de entidades participadas por ellas directa o indirectamente en más del 10%, contratos administrativos o privados de cualquier naturaleza con la Junta y sus entidades dependientes, en las que hubieran prestado servicios, siempre que guarden relación directa con las funciones ejercidas. El texto aclara en qué supuestos se consideran específicamente que existe esa relación directa.

Los ex altos cargos que pretendan realizar una actividad privada en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones en los dos años posteriores a su cese deberán comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de Administración Pública y obtener una autorización. Los altos cargos que tras su cese reingresen antes de dos años en la función pública y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos a personas físicas o jurídicas de carácter privado, también deberán obtener la autorización.

El texto también modifica la Ley de Transparencia, ya que amplía la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones obligatoria para los altos cargos de forma que no solo deben presentarla y actualizarla mientras desempeñan el puesto, sino también tras su cese. Igualmente, deben informar de las resoluciones de autorización para desarrollar actividades privadas durante el desempeño del cargo y tras los dos años de su cese.