SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020, que destinará 232,1 millones a mejorar la situación de este colectivo de más de 300.000 personas. Sus 119 medidas prestarán especial atención a su población en situación de exclusión, que actualmente supone alrededor del 30 por ciento del total.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha explicado que el plan, elaborado con la participación de las entidades más representativas de la comunidad gitana, amplía las políticas autonómicas sobre la materia para introducir, entre otras, nuevas medidas en igualdad de género, violencia de género, mejora de las condiciones del comercio ambulante, lucha contra el abandono de los estudios en Secundaria, creación de un órgano consultivo y atención a inmigrantes, procedentes sobre todo de países como Rumanía y Bulgaria.
De la inversión total prevista, según ha señalado, las principales dotaciones procederán de las consejerías de Fomento y Vivienda (140 millones de euros), Igualdad y Políticas Sociales (58,1 millones) y Educación (28,2 millones).
La nueva estrategia, en línea con las que se desarrollan en los ámbitos estatal y europeo, da continuidad a las iniciativas a favor de la población gitana que la Junta desarrolla desde que en 1997 Andalucía fuese la primera comunidad autónoma en contar con un plan específico dirigido a este colectivo, según ha expuesto Sánchez Rubio.
Para facilitar su desarrollo, las medidas previstas se aplicarán principalmente en aquellas zonas desfavorecidas donde reside la mayor parte de la población gitana en situación de exclusión, principalmente barriadas, y donde la Junta desarrolla intervenciones de refuerzo de sus políticas de igualdad y contra la pobreza y la marginación social.
La consejera ha indicado que una de las novedades del plan es la creación del Consejo Andaluz de la Comunidad Gitana, órgano consultivo y de asesoramiento que actuará como vivero de iniciativas y contará con la participación de las entidades sociales representativas del colectivo.
El texto prevé que uno de sus grupos de trabajo se dedique a impulsar la igualdad de género y la lucha contra la violencia, una materia en la que el plan también establece medidas para garantizar el máximo acceso de las mujeres gitanas a la información sobre los derechos y recursos existentes. Otro grupo se encargará de impulsar acciones y protocolos de actuación contra el 'antigitanismo', para evitar conductas discriminatorias en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Respecto al comercio ambulante, el plan introduce medidas de mejora de esta actividad, que en un 40 por ciento es ejercida en Andalucía por la comunidad gitana. Las iniciativas se concretarán en líneas de ayudas a los ayuntamientos para proyectos municipales de mejora de las condiciones de higienes y salubridad o para programas recreativos y lúdicos dirigidos a los menores que acompañan a sus progenitores mientras realizan las ventas en fines de semana.
MEDIDAS EDUCATIVAS Y SANITARIAS
En el área educativa, el documento incide en el tránsito de la enseñanza Primaria a la Secundaria y en mejorar el éxito y la continuidad de los estudios en esta última etapa, que es la que presenta mayores tasas de abandono escolar, principalmente entre las adolescentes y las jóvenes gitanas. En esta línea se incluyen también acciones dirigidas a los menores de edad que contraen matrimonio.
Las previsiones en materia de salud se dirigirán especialmente a la alimentación, con medidas de formación de las mujeres para que actúen como mediadoras entre las familias y los centros de salud, así como para facilitar la intervención de la comunidad en las comisiones de participación de los centros sanitarios ubicados en zonas desfavorecidas. Otra de las iniciativas es la realización de módulos sobre competencia cultural en grados universitarios y estudios de postgrado vinculados a las ciencias de la salud.
Asimismo, se facilitará el máximo acceso a los recursos, bienes y servicios sociales, y también se mejorará el impacto de la Renta Mínima de Inserción, cuyo decreto regulador aprobará el Gobierno andaluz antes de final de año, en relación con la integración sociolaboral de la comunidad gitana.
El plan se completa con las medidas de fomento del empleo que la Junta desarrolla para toda la población y que tienen una especial incidencia sobre la comunidad gitana, como las prácticas profesionales en empresas mediante incentivos a la contratación o las subvenciones para impulsar el autoempleo. Estas iniciativas se reforzarán con la implantación de unidades de orientación profesional en zonas en las que existe población gitana con dificultades de inclusión sociolaboral.
En relación a la vivienda, los objetivos se centran en las ayudas para rehabilitación y mejora de equipamientos básicos y urbanos, así como para facilitar el acceso de los jóvenes al alquiler, con especial atención a las familias monoparentales.
Finalmente, la última de las novedades se concreta en medidas específicas para promover la integración de la población gitana inmigrante, procedente sobre todo de países europeos como Rumanía y Bulgaria, que presenta mayores riesgos de exclusión que la autóctona. El plan realizará un especial seguimiento a escala municipal para la regularización de la documentación de los menores, además de reforzar las políticas de escolarización, enseñanza del idioma español, inclusión en itinerarios formativos para inmigrantes extranjeros y máximo acceso al sistema de salud y a los servicios sociales.
Con un total de 14 millones de personas, la población romá/gitana es la principal minoría étnica supranacional de Europa. En España viven entre 725.000 y 750.000, de las que Andalucía concentra alrededor de la mitad (entre 300.000 y 350.000 personas). Unos dos tercios de la comunidad lo conforman los "gitanos y gitanas invisibles", es decir, personas que no manifiestan externamente su identidad cultural y están plenamente integradas. En cuanto a la distribución territorial en la comunidad autónoma, el 53% vive en núcleos urbanos y el 47% en el ámbito rural.
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