Junta y Gobierno crean grupo de trabajo para resolver discrepancias del Estado con 42 artículos de la Ley del Suelo

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y la Administración General del Estado han acordado crear un grupo de trabajo para resolver las discrepancias que mantiene el Gobierno sobre 42 artículos y una disposición adicional y otra final de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que supone la Ley del Suelo del Gobierno andaluz.

La Lista la aprobó el 25 de noviembre de 2021 por el Parlamento de Andalucía, después de que fuera rechazada en una primera ocasión en julio tras recibir una enmienda a la totalidad y proceder a su devolución al Consejo de Gobierno.

Ambas administraciones acuerdan "comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional" tras la reunión de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía.

El acuerdo pone de manifiesto el inicio de negociaciones para "resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 50, 51, 61, 70, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 94, 96, 99, 101, 102, 103, 105, 118, 121, 136, 137, 139, 153, 155, 169, disposición adicional 9. y disposición final 5. de la Ley 7/2021".

La entente jurídica lo han hecho público este lunes ambas administraciones a través de sendas publicaciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La controversia jurídica sobre la Lista vivirá esta semana un nuevo episodio por cuanto el Pleno del Tribunal Constitucional aborda este miércoles el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado Unidas Podemos por Andalucía sobre esta norma, y que ha designado a la magistrada Concepción Espejel como ponente de este asunto.

Entre los posibles "motivos de inconstitucionalidad" en los que se apoya Unidas Podemos para justificar este recurso señalan la decisión del Gobierno de PP-A y Cs de tramitar esta ley "por procedimiento de urgencia cuando constitucionalmente no está justificado hacerlo para tramitar una norma sobre urbanismo que no precisaba de aprobación urgente".

Otros supuestos motivos de "inconstitucionalidad" en los que se apoya Unidas Podemos para recurrir esta ley de la Junta al TC tiene que ver con la presunta vulneración del principio de autonomía local que reconoce la Constitución, en tanto que, en opinión de este grupo, la norma "interfiere en los intereses de los municipios que les son propios impactando de forma directa en el medio ambiente y en la búsqueda de un desarrollo sostenible".

El recurso de inconstitucionalidad presentado por Unidas Podemos concluye pidiendo al TC que "dicte sentencia declarando su inconstitucionalidad y consecuente nulidad" de la Lista y, en el caso de que el tribunal no estime esa petición, que al menos "declare la inconstitucionalidad y nulidad" de los artículos 19.1 a); 21.1 y 2.b); 22.1 y 2; 50; 53; 137.2 f; 151.1 y 153.1 f; la Disposición adicional cuarta y la Disposición Derogatoria 2 f.