La Junta se opone a la tramitación de una ley para proteger arbolado urbano por "falta de análisis de impacto económico"

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha manifestado su "criterio contrario respecto a la toma en consideración" de una proposición de ley registrada por el grupo Por Andalucía "relativa a la protección y fomento del arbolado urbano de Andalucía", y se ha mostrado disconforme con la tramitación parlamentaria de esta iniciativa.

Así consta en un acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz consultado por Europa Press tras su aprobación el pasado 11 de marzo, en el que el Ejecutivo de Juanma Moreno justifica su "criterio desfavorable a esta proposición por la falta de un análisis de impacto económico".

La proposición de ley en cuestión "pretende regular la gestión, el fomento y la protección del arbolado urbano como infraestructura verde, parte integrante del patrimonio natural y elemento esencial para la mejora de la habitabilidad y la salud pública de los pueblos y ciudades de Andalucía", según se recoge en el mismo acuerdo del Consejo de Gobierno del PP-A.

Dicho documento de la Junta subraya que "el Gobierno andaluz, sin duda, reconoce ese papel de las infraestructuras verdes como elemento esencial para la mejora de la habitabilidad y la salud pública de los pueblos y ciudades de Andalucía, especialmente en el momento actual en el que los efectos del cambio climático son cada vez más patentes en nuestro territorio".

En esa línea, desde el Gobierno andaluz defienden que "la conexión entre la lucha contra el cambio climático y la ordenación del territorio es muy estrecha", y reivindican que la "preocupación por lo que podríamos conceptuar como 'Sistema Verde', integrado por el arbolado y el resto de la vegetación de nuestros entornos urbanos, queda reflejado de manera patente en el reconocimiento de sus funcionalidades incluido en el Catálogo de árboles y arbustos recomendados para las diferentes zonas climáticas de Andalucía aplicable al medio urbano, elaborado por la entonces Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio".

No obstante, "tras el análisis realizado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente --que dirige Catalina García--, competente en materia de sostenibilidad y medio ambiente, de cambio climático, y a la que corresponde el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se ha concluido" que esta proposición de ley del grupo Por Andalucía "se acompaña de una memoria económica insuficiente".

Al respecto, desde la Junta llaman la atención acerca de que el grupo proponente ha trasladado a la Mesa del Parlamento que la aprobación de esta iniciativa "no supone modificación alguna de los créditos presupuestarios ni una disminución de ingresos, debido a que los efectos económicos que se puedan derivar de la Ley no entran en vigor durante el presente ejercicio presupuestario".

Sin embargo, el Gobierno andaluz entiende que "la postergación en el análisis económico de la Proposición de Ley incumpliría la exigencia de su realización con carácter previo a su entrada en vigor, afectando al examen de la necesidad y la viabilidad económico-presupuestaria de la reforma que se propone".

El Gobierno andaluz afirma ser "muy consciente de que las políticas que no lleven aparejado un compromiso económico pueden convertir la ley en una declaración eminentemente programática, por lo que es necesario que cuente con los mecanismos presupuestarios suficientes para que hagan viable y real su ejecución, sobre todo cuando esta proposición contempla medidas con un impacto económico directo en los municipios andaluces".

Finalmente, desde el Consejo de Gobierno advierten de que esta proposición de ley "afecta a competencias propias de las entidades locales, y así lo ha entendido la Mesa del Parlamento al remitir la Proposición de Ley al Consejo Andaluz de Concertación Local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, ya que las medidas que se prevén pueden entrar en contradicción con las ordenanzas municipales en vigor sobre la materia que regula".