SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha explicado este jueves, durante una comparencia parlamentaria en comisión sobre el canal interno de la Junta de Andalucía para la denuncia de casos de corrupción, que en cuatro meses de funcionamiento de esta vía se han producido dos denuncias "inadmitidas por no ser objeto del canal de denuncia" al esgrimir que se alejaban de los criterios establecidos por la normativa comunitaria y la norma marco española.
Pese a tratarse de un canal interno, Nieto ha expresado su deseo de que esa vía puede ser utilizada por personas ajenas a la Administración autonómica.
"Es la pretensión", ha afirmado el consejero, quien ha expresado "ser conscientes de que este problema ya existe", la falta de acceso exterior, un hecho que ya ha trasladado a la empresa encargada de su administración para su resolución y con ello que "una persona, aunque sea ajena" a la Administración andaluza puede utilizarla, convencido de la necesidad de "solucionar los problemas técnicos fuera del ámbito de la intranet de la Junta" para así "abrirlo a cualquier ciudadano".
Nieto ha explicado sobre las denuncias que se trataba en ambos casos, planteados a través de una dirección url habilitada para ello y de un correo electrónico específico para ello, de "quejas sin argumentos, sin sostén jurídico" para avisar que "los criterios (de admisión) no puede ser la revancha o la disputa entre personas".
El consejero de Justicia ha explicado que ese canal es una de las tres vías con que cuenta el Gobierno andaluz para la lucha contra el fraude, entre las que ha situado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y el mencionado canal interno.
Ese canal interno de denuncias se ejecuta a través de la dirección canaldedenuncias.junta-andalucía.es, así como de la dirección de correo canalinternoinformantes@juntadeandalucía.es, cuya puesta en marcha recae en la Secretaría General de Administración Pública que designó a una persona física responsable de esa tramitación.
Nieto, tras proclamar que "no queremos que Andalucía vuelve a ser portada por los casos de corrupción" después de lamentar "la pérdida de 1.000 millones de fondos públicos", ha explicado el origen de esta iniciativa, que parte de una directiva comunitaria, la 2019/1937, y de una norma marco nacional, la Ley 2/2023, y ha defendido que "no puede obviarse" el trabajo previo del Gobierno andaluz, que ha enmarcado en la aprobación de Ley 2/2021 de lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de las personas denunciantes, para cumplir con ese mandato comunitario y nacional.
El titular de la Consejería de Justicia se ha lamentado de algunas "deficiencias" entre las que ha mencionado la falta de una adecuada publicidad, así como que "no se encuentra accesible en las webs" de la Junta, además de la url que no es accesible fuera de los sistema de la Admninistración autonómica.
Ha explicado que su departamento trabaja en estos momentos en el decreto de organización y funcionamiento del canal interno con ese propósito de que sea "un canal claro, transparente, para todos los funcionarios y para que todos los ciudadanos puedan acudir para poner de manifiesto aquellas actividades que sean por un uso inadecuado, ya no solo ilegales".
Nieto ha defendido que ha sido el Gobierno que preside Juanma Moreno "el que puso en marcha todo el plan antifraude" por cuanto "este gobierno ha querido ser cumplidor" tras argumentar que la normativa es de 2014 y que la Administración socialista no lo hizo.
EL PP-A ALUDE AL CASO DE LOS ERE
En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A Daniel Castilla ha valorado como "un acierto importante" la implementación de este canal interno de denuncias, y ha apuntado que, "si hubieran existido" mecanismos así en el pasado, los funcionarios de la Junta habrían tenido la "posibilidad de poner en conocimiento lo que estaba pasando en la historia reciente" de la administración andaluza en época de gobiernos socialistas, ha dicho en alusión a casos como el de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, por el que ha habido presidentes de la Junta "condenados", según ha recordado.
De ahí "la importancia" de que se pongan en marcha estos canales, según ha defendido el diputado del PP-A antes de agregar que si sólo se ha recibido una denuncia por ahora por esa vía "probablemente sea porque hay un gobierno honesto" al frente de la Junta, y de subrayar que "cualquier medida que pongamos en marcha orientada a que la transparencia de la administración sea la máxima será bienvenida", porque "no podemos permitir que se vuelva a repetir la corrupción sistemática" de gobiernos del PSOE-A, cuando la administración andaluza tuvo en su seno un "gran cáncer", según ha sentenciado.
PSOE-A APUESTA POR PROMOCIONAR EL CANAL DE LA OFICINA ANTIFRAUDE
Por parte del Grupo Socialista, el diputado José Aurelio Aguilar ha reivindicado la necesidad de que todos los parlamentarios reafirmen un "compromiso con la transparencia", y a "apoyar cualquier tipo de iniciativa que sirva para que las denuncias" de posible corrupción en la administración "puedan prosperar dentro de los márgenes marcados por la ley".
Al hilo, el representantes del PSOE-A ha advertido de que, al margen del canal interno que ha abordado el consejero en su comparecencia, en Andalucía existe "un canal externo" que gestiona la Oficina Andaluza Antifraude, y al respecto ha planteado al titular de Justicia si no cree que "tal vez sería más interesante dar el apoyo" desde el Gobierno andaluz "a ese canal externo de denuncias, que está al margen de la gestión de la Junta" y que, por eso, podría dar "mayor confianza" al denunciante, según ha aventurado.
En esa línea, ha preguntado al consejero si la Junta tiene previsto, a través de su "propaganda institucional, apoyar el canal de denuncias de la Oficina Antifraude para que sea más conocido", aunque ha apostillado que no le cabe duda de que el canal interno que está poniendo en marcha la Administración andaluza "garantiza la confidencialidad" en las denuncias.
VOX REPROCHA AL PSOE SU APOYO A LAS NEGOCIACIONES DE SÁNCHEZ
Por último, la diputada de Vox Cristina Jiménez ha defendido en su intervención la necesidad, en su opinión, de "proteger" a los empleados públicos de la Junta frente a "posibles represalias" por su decisión de denunciar posibles corruptelas, y ha advertido de la "duplicidad" de canales implementados en Andalucía para estas denuncias, en alusión al interno de la Junta y al de la Oficina Antifraude.
Tras estas consideraciones, la representante de Vox ha aprovechado su turno para dirigirse a los diputados del PSOE-A y preguntarles si "no se le revuelven las tripas ante lo que está pasando", en alusión a cuestiones como la futura ley de amnistía acordada por los socialistas para encausados por el proceso soberanista catalán.
"¿Habrá mayor corrupción que atentar contra la democracia, contra la soberanía del pueblo y la igualdad jurídica?", se ha preguntado al respecto la diputada de Vox antes de denunciar que "la democracia en nuestro país se está prostituyendo", y de cuestionar también a los socialistas andaluces si "se vende una democracia por un puñado de lentejas, para instaurar un sistema autocrático".
En respuesta a estos comentarios de la parlamentaria de Vox, el diputado del PSOE-A José Aurelio Aguilar ha aprovechado su turno para proclamar que "la Constitución seguirá siendo respetada como siempre" por parte del PSOE, un partido al que ha reivindicado como "el mayor cumplidor" de la Carta Magna de 1978.
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