De Llera tacha de "atraco" tener que abordar la digitalización de la Justicia con "financiación cero" del Gobierno

JAÉN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha tachado de "verdadero atraco" el objetivo marcado por el Gobierno central de lograr para el próximo 1 de enero una Administración de Justicia digitalizada, sin papel, algo que para el consejero resulta imposible "con una financiación cero" del Ejecutivo de la nación para este fin.

"Estamos trabajando a marchas forzadas, pero no llegaremos y menos cuando se pide papel cero con financiación cero porque eso vale dinero", ha dicho De Llera a los periodistas antes de reunirse con las autoridades judiciales de Jaén, al tiempo que ha señalado que esta medida "va a distorsionar muchísimo el trabajo en los juzgados porque no se está preparado para que todos los escritos entren telemáticamente en los juzgados".

Asimismo, De Llera ha calificado de "auténtica chapuza" la decisión del Ministerio de habilitar provisionalmente unos buzones donde mandar los escritos, pero "cuando eso llegue a los juzgados resulta que el texto no es incorporable al sistema Adriano". "A los que nos enfrentamos es a un desastre", ha dicho.

El consejero ha señalado que "pese a la apuesta indudable" de la Junta para lograr la digitalización absoluta de la Administración de Justicia, este objetivo se va a ver distorsionado por la "repentina y precipitada" decisión del Gobierno central de fijar por ley el 1 de enero de 2016 como fecha límite para que el 'papel cero' sea una realidad en todos los juzgados y fiscalías.

"Queda poco más de un mes para la eventual implantación del denominado papel cero y no se ha dotado todavía a los gobiernos autonómicos del equipamiento necesario para hacer efectiva esta medida", ha precisado De Llera, que se ha reunido con la presidenta de la Audiencia Provincial, Elena Arias-Salgado; el fiscal jefe, Carlos Rueda; el juez decano, Humberto Herrera; el secretario coordinador, Ángel Luis Luque, y los responsables de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales.

Desde principios del próximo año, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán utilizar sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, así como para la realización de actos de comunicación procesal, en todos los órdenes jurisdiccionales. Ya a partir de 2017, la comunicación por vía telemática será obligatoria también para las personas jurídicas, ha apuntado De Llera.

Según ha recordado el consejero, en la Administración de Justicia de Andalucía se utiliza Lexnet desde 2009, fundamentalmente para las notificaciones por Internet a los procuradores, y actualmente se está haciendo extensivo el sistema a abogados, graduados sociales, abogados del Estado, letrados de la Junta, fiscales y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, la Consejería de Justicia e Interior prevé, entre otras medidas, dotar de firma digital al sistema de gestión procesal Adriano de forma generalizada tras haberse realizado ya más de 96.000 firmas en sentencias, autos y decretos; facilitar la consulta de la documentación en formato digital de manera ágil y permitir a las fiscalías utilizar esos archivos digitalizados, ya que no tienen acceso a Adriano.

Con vistas al próximo 1 de enero, la Consejería de Justicia e Interior ya ha iniciado una serie de experiencias piloto en juzgados de El Ejido, Velez-Málaga, Coria del Río y Huelva, en los procedimientos que se realizan para la presentación de los documentos que no inician trámite. Asimismo, se están haciendo los desarrollos para las adaptaciones respecto a la presentación de documentos que inician trámite, con el objetivo en ambos casos de que no haya que imprimir la documentación digital en los decanatos.

La digitalización de órganos judiciales y fiscalías está respaldada por la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que obliga a tramitar de manera electrónica los asuntos judiciales, y por la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 5 de octubre de 2015, que ha incorporado el objetivo del papel cero en los juzgados a partir del 1 enero del 2016.