Maeztu pide a la Junta "adoptar medidas" y "analizar problemas organizativos" ante las agresiones a sanitarios

El Defensor del  pueblo andaluz, Jesús Maeztu (archivo)
El Defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu (archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press
Publicado: viernes, 25 marzo 2022 13:45

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido este viernes a la Junta de Andalucía que "adopte medidas" y que "analice problemas organizativos" en Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) ante la "situación real" y de "creciente aumento" de agresiones a profesionales y sanitarios públicos, según recoge el estudio singular de la Defensoría de estas situaciones en el ámbito de Andalucía.

Así lo ha manifestado el defensor en un comunicado donde ha añadido que, para contribuir al objetivo de minimizar las agresiones, ha trasladado dos recomendaciones y siete sugerencias a la Administración andaluza.

En este sentido, ha solicitado a la Junta que "se adopten la medidas que fueran procedentes" para cumplir con este plan y otros semejantes y ha abogado por "analizar los problemas organizativos, estructurales y de gestión" que afectan al funcionamiento del SSPA. "Espero que se adopten medidas para ir resolviendo estas situaciones que, sin perjuicio de que en ningún caso tienen justificación, provocan una respuesta agresiva de usuarios o sus acompañantes", ha indicado.

En este aspecto, ha considerado "útil y procedente" valorar las distintas herramientas y medidas "alternativas a las habituales" en aquellos centros e instalaciones sanitarias ubicados en barrios con poblaciones más vulnerables que "sean más adecuadas para la aplicación de soluciones reparadoras de posibles conductas agresivas".

Asimismo, según la consideración de Maeztu, la violencia a sanitarios es "un problema real que, "aún afectando a una minoría" de profesionales que trabajan en este sector, "su creciente incremento le hace cobrar cada vez mayor importancia por sus repercusiones en la esfera de los derechos más básicos de este personal".

Este estudio parte de una actuación de oficio de la Defensoría para valorar los efectos de esta situación y de los derechos de los colectivos profesionales afectados, así como para analizar la efectividad de las medidas adoptadas al respecto por la Administración sanitaria andaluza.

Para ello, ha contado con la opinión y valoración de las corporaciones y organizaciones representativas de los profesionales sanitarios y se ha valido de los datos que proporcionan la Administración sanitaria y las organizaciones colegiales.

El Defensor del Pueblo andaluz ha valorado que el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tras más de una década de funcionamiento, ha tenido unos resultados "limitados e insuficientes", porque, como reconoce la propia Consejería de Salud y Familias en uno de sus informes, "el objetivo de minimizar las agresiones a los profesionales del SSPA no se ha conseguido".

La revisión y actualización de este Plan acordada en 2020 "va en esa línea de mejora de su eficacia, corrigiendo algunos aspectos del mismo e introduciendo otros nuevos que se habían detectado tras su evaluación, que esperamos den los resultados previstos", expone el Defensor.

Para contribuir a este objetivo, Maeztu ha trasladado, además de las dos recomendaciones, siete sugerencias a la Administración andaluza. Así, ha propuesto un mapa de riesgos "real", por tipo de centro y modalidades de atención, que "permita la adopción de medidas eficaces para y evitarlas".

También acciones de formación para el personal sanitario sobre habilidades en este tipo de situaciones, así como "un refuerzo" de los instrumentos jurídicos que "permitan conseguir que los sanitarios puedan desempeñar sus tareas en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el propio sistema".

Asimismo, ha planteado un servicio de vigilancia en los centros que lo precisen previo análisis de la evaluación de riesgos laborales, la creación de una figura o cualquier otra estructura de seguridad o coordinación, la evaluación y seguimiento del plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del SSPA de 2020 y una revisión del mismo cada dos años con la participación de los colegios profesionales y organizaciones sindicales, sociales y profesionales relacionadas con este ámbito.

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