JAÉN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los municipios jiennenses de más de 20.000 habitantes deberán elaborar Planes Urbanos de Movilidad Sostenible, según recoge el anteproyecto de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, aprobado el día 16 y que el Consejo de Gobierno prevé llevar al Parlamento andaluz en el segundo periodo de sesiones de 2015.
A Jaén capital, Linares, Úbeda, Alcalá la Real y Andújar se sumarán en esta obligación legal todos los municipios en los que el Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración Urbana de Jaén, actualmente en elaboración, detecte "problemas, carencias o necesidades especiales en materia de movilidad", según ha informado este lunes la Consejería de Fomento y Vivienda.
Los planes urbanos incluirán "un diagnóstico de la movilidad y su evolución previsible, patrones de movilidad en las relaciones con los municipios vecinos, trazados de plataformas reservadas para el transporte público", así como de "vías ciclistas y peatonales, medidas para el fomento de la intermodalidad y la recuperación del espacio público libre de vehículos".
También contemplan "mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros, una planificación de infraestructuras con programas de inversiones y previsión de costes de mantenimiento, objetivos concretos a lograr en materia de movilidad sostenible, un estudio económico que contemple sus instrumentos de financiación y un informe de costes externos de todas las actuaciones recogidas".
Dichos planes urbanos deberán a su vez identificar los centros generadores de movilidad de sus municipios; entre ellos, centros de trabajo con 200 o más personas, centros educativos con más de 250 personas entre alumnado y profesorado; polígonos industriales y parques empresariales, grandes superficies minoristas y centros de ocio; hospitales, centros de salud y establecimientos sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal; estadios, pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. Estos centros deberán elaborar también planes de movilidad sostenible.
COSTES EXTERNOS
Según ha expuesto la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, "la ley incidirá en los mismos principios de 'La Ciudad Amable'", que son los de "más transporte público, más bicicleta y rentabilidad social garantizada en todos los proyectos de infraestructuras, que deberán incluir no sólo un informe de viabilidad económica, sino también de costes externos; es decir, de costes ambientales, sociales y sobre la salud pública", ha explicado la consejera, que ha recordado que Andalucía es "la primera comunidad que establece este requisito". Todos los planes urbanos deberán incluir informes de costes externos.
Además, ha agregado que la ley también promoverá "un modelo de ciudad compacta y fácil de surtir de servicios", y ha explicado que "el anteproyecto establece que los promotores de nuevas urbanizaciones que generen más necesidades de movilidad, y por lo tanto de infraestructuras, deberán contribuir a sufragar el coste de las mismas", lo que incidirá en la eficiencia del desarrollo urbanístico y el modelo de ciudad.
Es decir, si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir económicamente a sufragarla, según ha precisado Cortés.
PLAN TERRITORIAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Consejería de Fomento y Vivienda inició en julio la elaboración del Plan Territorial de Movilidad Sostenible de la Aglomeración Urbana de Jaén, que abarca Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey, Jaén, Jamilena, La Guardia de Jaén, Los Villares, Mancha Real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Torre del Campo, Torredonjimeno, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo y Villatorres, unas poblaciones que suman 222.413 vecinos, lo que supone el 33,4 por ciento del total de la provincia jiennense.
La Consejería de Fomento y Vivienda enviará su propuesta inicial a una comisión de redacción formada por las administraciones autonómica y central. A ella también se podrán sumar, con voz pero sin voto, profesionales de la materia y representantes de colectivos afectados.
Una vez superado este trámite, los documentos serán enviados a los correspondientes consorcios de transporte de cada zona, organismos en los que se integran la Junta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Durante un plazo de dos meses, los proyectos se expondrán a información pública y a la consideración de otras administraciones, colectivos y agentes económicos y sociales. Tras este periodo, la Junta redactará la memoria ambiental y culminará el proceso con la aprobación definitiva de los planes por parte del Consejo de Gobierno.
