El nuevo Estatuto del Becario afectará a 50.000 universitarios andaluces del sistema público

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Estatuto del Becario aprobado este pasado martes en el Consejo de Ministros afectará a alrededor de 50.000 universitarios del sistema público andaluz. Los rectores andaluces suscriben las "preocupaciones" mostradas desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre esta nueva regulación y su "viabilidad económica si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados --administraciones y empresas--".

Así lo apuntan fuentes de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) a preguntas de Europa Press. Ante lo que el Ministerio de Trabajo califica como "la reforma laboral para las nuevas generaciones en España", la AUPA, como la CRUE, considera "imprescindible" un compromiso firme del sector empresarial y de las administraciones públicas para asumir los costes derivados de la aplicación, "dado que buena parte de las prácticas se desarrollan en el sector público". "De lo contrario, se corre el riesgo de comprometer la continuidad de un modelo de prácticas formativas que ha demostrado ser esencial y exitoso para la formación del estudiantado en España", advertía la CRUE.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos. "Es la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país", señalaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la comparecencia. Los rectores han criticado que la comunidad universitaria no haya participado en la elaboración de esta norma.

Sobre las advertencias de la CRUE, Díaz les trasladó "una idea": "Siéntense con los presidentes de las comunidades autónomas". "Podrían empezar por Madrid y exigir y defender la financiación adecuada en el sistema universitario público", apuntaba. El Estatuto del Becario es una iniciativa con rango de ley destinada a regular las prácticas no laborales en empresas, definir su marco jurídico y establecer los derechos y obligaciones de las personas en formación, así como las sanciones aplicables a las empresas que incumplan la normativa. La norma busca que las prácticas se destinen "sencillamente a aprender, a formarse" y que no sustituyan a personas trabajadoras. "Una persona en prácticas no laborales no puede sustituir a un trabajador; a partir de ahora las personas que se están formando van a tener derechos", apostillaba la ministra.

Las empresas deberán compensar los gastos derivados de la práctica (desplazamiento, alojamiento o manutención) según lo previsto en el convenio o acuerdo de cooperación. Además, se establece un régimen sancionador que contempla multas de hasta 225.018 euros para infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves, pero en su grado mínimo, las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros. Se considerarán muy graves, entre otras, las infracciones por discriminación por edad, sexo, origen, religión, orientación sexual o ideología, o por trato desfavorable ante reclamaciones de igualdad de trato.

Las prácticas extracurriculares no podrán superar 480 horas ni el 15% de los créditos ECTS de la titulación. También se incluyen las prácticas vinculadas a títulos propios universitarios, con un límite conjunto (curriculares y extracurriculares) del 25% de los créditos ECTS, o de tres meses cuando la titulación tenga al menos 60 créditos. El Estatuto establece que las personas en formación formarán parte del ambiente laboral de la empresa, con derecho a acceder y utilizar los mismos espacios que el resto de trabajadores. Deberán respetar las normas de funcionamiento y prevención de riesgos laborales, mantener la confidencialidad y el secreto profesional, y seguir las directrices del tutor o tutora asignados por la empresa y el centro académico.

Los estudiantes deberán incorporarse en la fecha acordada, cumplir el horario previsto, desarrollar las actividades con diligencia y mantener contacto con su tutor académico, comunicándole cualquier incidencia. También deberán entregar los informes o documentos de seguimiento que se les soliciten. El texto deberá ser tramitado por las Cortes Generales, lo que complica su aprobación definitiva en el actual contexto político, marcado por las discrepancias entre PSOE y Sumar y la ruptura de Junts con el Gobierno.