Archivo - Persona mayor, persona dependiente, dependencia. (Foto de recurso). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha pedido al Gobierno andaluz que, en el presupuesto autonómico del próximo año 2027, la Junta destine a la atención a la dependencia, "además de lo que recibe del Estado, el 1% del producto interior bruto (PIB) andaluz, 2.342,9 millones de euros".
Eso supondría "567,5 millones más que en 2026, un 32% de aumento", según ha detallado la FOAM en un comunicado en el que señala que, "si el Estado financia la otra mitad, como prevé la reciente reforma de la Ley de Dependencia, el gasto en dependencia llegaría al 2% del PIB".
Desde esta federación de organizaciones de personas mayores explican que el presupuesto de 2026 de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía es de 2.610,6 millones de euros, y "al menos 64,9 millones se destinan a fines distintos de la dependencia", como el Bono Social Térmico --46,27 millones--, el Plan sobre Adicciones (10,56) y los programas de transporte bonificado, productos ópticos y comedores de los Centros de Participación Activa (8,08).
"Descontada esa cantidad y los 770,3 millones que prevé recibir del Estado para dependencia", la Junta destina a la dependencia 1.775,4 millones, "el 0,76% del PIB andaluz", según el cálculo de la FOAM, federación que "reconoce el crecimiento de este presupuesto en los últimos años", pero que entiende que "no basta para atender a tiempo a quienes lo necesitan".
Al respecto, desde la FOAM aluden a "los datos del Imserso a 31 de agosto de 2026", que mostraban que "39.487 personas esperaban en Andalucía a ser valoradas o a recibir la atención que tienen reconocida", y puntualizan que esa es la lista de espera que calcula la federación, "contando desde el día de la solicitud".
De ese conjunto de personas, un total de 27.990 llevaban "seis meses o más pendientes de valoración o de la resolución de su prestación sin que hubiera causas ajenas a la Administración, según la estadística del Imserso" citada por la FOAM.
Según advierten también desde la misma federación, "el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación fue de 413 días, más del doble del plazo máximo de seis meses vigente hasta ahora, y más de cuatro veces el de tres meses que fija la Ley 4/2026 a partir del 23 de octubre".
Es "el tercero más largo de España, tras Murcia y Asturias", según ponen de relieve desde la FOAM, desde donde también han detallado que la media nacional es de 302 días, y "entre enero y agosto de 2026 fallecieron en Andalucía 2.714 personas con el procedimiento pendiente"; en concreto, 1.787 antes de ser valoradas --"por lo que no se sabe si habrían obtenido grado"-- y 927 "con el derecho reconocido, pero sin recibir aún la prestación", según precisan desde la federación de organizaciones de mayores.
La misma entidad ha subrayado que el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, "ha subido desde el 1 de julio las cantidades que el Estado paga a las comunidades por cada persona atendida", y, según la proyección del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Andalucía "recibiría por este concepto 957,7 millones de euros en 2026 y 1.275,6 millones en 2027, frente a los 639,7 millones que le habrían correspondido con las cantidades anteriores; 317,9 millones más este año y 635,9 millones más el próximo".
"Son estimaciones del Ministerio", puntualizan desde la FOAM, desde donde explican en ese sentido que "el decreto fija las cuantías por persona, no los importes de cada comunidad", y "la ley solo obliga a cada comunidad a aportar, como mínimo, lo mismo que el Estado".
Desde la FOAM indican que, "como la Junta aporta hoy más que el Estado, previsiblemente también después de la subida, el dinero adicional podría servir para reducir su esfuerzo propio sin incumplir la ley", y advierten de que, en 2022, "la aportación del Estado a la dependencia en Andalucía creció un 44,3%" mientras que "la de la Junta bajó un 4,3%", lo que se tradujo en "51,7 millones menos".
Además, desde la federación apuntan que el aumento de 2026 "no estaba previsto cuando se aprobó el presupuesto de este año", y señalan que esos fondos "llegan a la tesorería general de la Junta, no a una partida de dependencia, de modo que su destino depende de una decisión del propio Gobierno andaluz".
PETICIONES DE LA FOAM
Así las cosas, la FOAM solicita al Consejo de Gobierno y a los grupos parlamentarios que, "en el Presupuesto de 2027 la Junta destine a la dependencia, además de los fondos del Estado, el 1% del PIB andaluz, lo que supone 567,5 millones de euros más que en 2026, y que el Consejo de Gobierno asuma ese compromiso ya, mientras elabora las cuentas".
Desde la FOAM también reclaman a la Junta que "el Bono Social Térmico, el Plan sobre Adicciones y los programas de transporte, productos ópticos y comedores de los Centros de Participación Activa se presupuesten fuera de los créditos de dependencia, para que la cifra que se presenta como gasto en dependencia recoja solo la atención a la dependencia".
También, "que todo el aumento de la financiación estatal se dedique a dependencia y se sume a la aportación andaluza, con un compromiso expreso de no sustitución que pueda comprobarse cada año", así como que "los 317,9 millones adicionales de 2026 se incorporen este mismo año al presupuesto de dependencia mediante la modificación presupuestaria correspondiente".
Por parte de la FOAM también se demanda a la Junta que "estos recursos se traduzcan en más plazas, más horas de atención y refuerzo de los equipos de valoración, con un plan y unos plazos para reducir la lista de espera y cumplir el nuevo plazo máximo de tres meses".
Otra reclamación de la federación es que "parte de estos recursos se destine a mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores de la dependencia, mediante la actualización del precio de las plazas concertadas y del precio por hora de la ayuda a domicilio, y que la Junta impulse un convenio autonómico de dependencia".
