PA urge a la Junta a exigir a Interior más efectivos para luchar contra los grupos criminales organizados en Andalucía

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PA considera que la "amenaza creciente" que supone la implantación de grupos criminales organizados en Andalucía exige que la Junta de Andalucía impulse con urgencia la puesta en marcha de un plan especial en colaboración con el Ministerio del Interior para hacer frente a este fenómeno.

Así lo defiende una proposición no de Ley registrada por el Grupo Andalucista para su debate en el Pleno del Parlamento, en la que urge igualmente al Ejecutivo que preside Manuel Chaves a trasladar al Ministerio del Interior la necesidad de incrementar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los equipos y el presupuesto para investigaciones de cooperación internacional.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PA sostiene que "las nuevas mafias que actúan en Andalucía plantean una amenaza creciente para nuestra sociedad con la que, de no ponerle remedio a tiempo, se corre el riesgo de socavar gravemente la seguridad ciudadana" y advierte de que "esta lacra no puede echar raíces y el tiempo corre a favor de las mafias".

Según los datos facilitados por el PA, las autoridades han contabilizado 1.133 grupos criminales en España, de los que 306 se localizan en Andalucía --el 27 por ciento del total nacional--, repartidos entre Málaga (104), Cádiz (57), Almería (56), Sevilla (41), Granada (26) y Córdoba (22). Igualmente, la comunidad cuenta con cuatro de las nueve provincias con el nivel más alto de grupos criminales (Málaga, Cádiz, Almería y Granada).

Los andalucistas señalan que estos datos ponen de manifiesto que "España se ha convertido en un país de llegada e implantación de importantes grupos criminales extranjeros altamente profesionalizados que utilizan como método de trabajo el asesinato, el secuestro y la extorsión" y que incluyen entre sus actividades más importantes "el tráfico ilícito de drogas, el blanqueo de capitales, el tráfico de personas y redes de prostitución, inmigración ilegal con explotación laboral, falsificación de documentos y robo de vehículos de lujo".

"Este fenómeno criminal de dimensiones aún desconocidas por las autoridades de Interior y Justicia ejerce fuerte influencia en las estructuras sociales, económicas y políticas de otros estados en los que actúan", apunta el PA, que alerta de que "las técnicas de investigación tradicionales son caducas e insuficientes para hacer frente a estas organizaciones especializadas".