SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha acordado este jueves, con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, y pese al rechazo de PSOE-A, Unidas Podemos por Andalucía y Vox, posicionarse a favor de que "se reactive de forma urgente e inmediata la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Estado".
Así lo ha acordado la Cámara andaluza en el marco de una proposición no de ley (PNL) que el Grupo Popular ha defendido en el Pleno compuesta por dos puntos, de los que uno ha sido aprobado con los citados apoyos mientras que el segundo ha sido rechazado.
En concreto, PP-A, Cs y los diputados no adscritos de Adelante han apoyado que el Parlamento de Andalucía manifieste "la necesidad de impulsar y favorecer el diálogo, la colaboración institucional y la cogobernanza entre los Gobiernos de España y de Andalucía, y de que se reactive de forma urgente e inmediata la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Estado, a fin de abordar asuntos de especial interés específico y desbloquear cuestiones esenciales para Andalucía, estableciendo una agenda para analizar y dar respuesta a las propuestas planteadas por el presidente de la Junta de Andalucía y que sirva de hoja de ruta para avanzar en acuerdos y soluciones".
Esta reivindicación aprobada también apuesta por que desde dicha comisión se preste "especial atención a la necesidad urgente de reforma del sistema de financiación autonómico, que acabe con un injusto reparto que perjudica a Andalucía", así como que se aborde "la creación de un fondo de compensación transitorial, mientras no se lleve a efecto dicha reforma"; así como el "desarrollo en Andalucía del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia", y "la exigencia de una mayor transparencia y participación de la comunidad autónoma y de las entidades locales en relación con el diseño y la ejecución del mismo".
En cambio, PSOE-A, Unidas Podemos, Vox y los diputados no adscritos han votado en contra y han impedido que el Parlamento, en el marco de esta iniciativa, muestre su "parecer desfavorable a cualquier situación que de facto suponga la ruptura de la igualdad de trato, en el uso de mecanismos de relación bilateral, que prioricen a unas regiones sobre otras y que conlleven garantías de privilegios y prebendas".
En defensa de la iniciativa, el parlamentario del PP-A Adolfo Molina ha reivindicado un "espíritu" a favor "del diálogo, el consenso, la cooperación y la lealtad institucional, que son el bálsamo que necesitan Andalucía y España para afrontar los retos del presente y dar respuesta a los nuevos desafíos, no defraudando, además, a una ciudadanía que nos pide acuerdos y soluciones".
Desde el PP-A "seguimos apelando al diálogo permanente entre administraciones para abordar y acordar decisiones, desde la lealtad con el marco constitucional, sobre aspectos que son inaplazables para el interés general de la ciudadanía andaluza, y que no pueden ni deben verse afectados por el hecho de que haya un Gobierno rehén de sus propios compromisos con partidos independentistas catalanes, que parece predispuesto a cambiar los principios de igualdad y solidaridad por un puñado de votos", ha añadido Molina, quien ha considerado "del todo necesario recuperar la colaboración institucional entre gobiernos, sin mantener estatus diferenciados entre comunidades y sin concesiones y privilegios que puedan significar desigualdad para los ciudadanos y agravios comparativos según la región donde vivan".
UNA PNL DE "CONFRONTACIÓN" PARA GRUPOS DE LA OPOSICIÓN
En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Manuel Jiménez Barrios ha sostenido que esta proposición no de ley es "de confrontación", tiene "un error de fondo extraordinario", y se enmarca en "una estrategia que ya viene siendo un relato político reincidente que machacan un día tras otro" desde las filas 'populares'.
Frente a ello, ha contrapuesto la gestión del anterior Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy, que "estranguló a Andalucía" cuando se vivía la crisis económica y financiera, con la del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez preocupándose de que la pandemia de Covid-19 afecte a los ciudadanos "lo menos posible", y aportando "en torno a 20.000 millones de euros presentes y futuros" a Andalucía. "La diferencia es abismal" entre ambos gobiernos, ha aseverado.
En representación de Cs, su diputado Julio Díaz ha apoyado esta PNL y ha señalado que su partido "ha defendido y se ha sacrificado" incluso en términos electorales por que haya "un único modelo de financiación" en España y por que haya "igualdad, eliminación de privilegios y de inequidades". Además, ha señalado que en su partido no son "partidarios de la bilateralidad por encima de la multilateralidad, y nos gusta llegar a acuerdos entre todos", y en esa línea ha reivindicado las Conferencias de Presidentes como instrumento en lo que se debe "hablar de los problemas territoriales" del país, y la necesidad de "llevar a cabo los acuerdos que allí se adoptan".
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha considerado que esta iniciativa parte de un argumento "tramposo", y al respecto ha señalado que la comisión bilateral que la Junta reclama al Gobierno "no se ha convocado cuando la han presidido" los representantes del Ejecutivo andaluz y podían haberlo hecho, según ha advertido para pedir a los 'populares' que "no busquen culpables" ni "subterfugios" para tapar su "incapacidad" para gobernar, así como para afearle que el PP es "un guirigay" en relación a la financiación autonómica, con presidentes regionales defendiendo distintos modelos.
Por último, el diputado de Vox Alejandro Hernández ha sostenido que esta PNL "no hace gala de mucha coherencia", porque aunque el portavoz del PP-A que ha subido a la tribuna "ha hablado de concordia, de diálogo", para defenderla, "la realidad es que ni el PSOE ni Unidas Podemos van a apoyar su propuesta, por lo que lo que trae aquí es una propuesta para confrontar", según ha advertido antes de criticar que los distintos gobiernos han venido utilizando "el reparto de los fondos y recursos entre las comunidades autónomas como una herramienta al servicio de los intereses del partido" que los sustentan.
