SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha pedido este miércoles a la Junta, con los votos a favor de PSOE-A, Podemos, Cs e IULV-CA y la abstención del PP-A que inste al Ejecutivo andaluz a que demande al Gobierno que cuantifique y transfiera, en el seno de la comisión bilateral Junta-Estado, la dotación derivada de la no ejecución de cursos de formación para el empleo en la comunidad, desde los años 2012 a 2016, con el objeto de poner en marcha un Plan Especial de Formación Profesional para el Empleo que implemente las cantidades, que en los próximos cinco ejercicios presupuestarios, correspondieran a Andalucía para el desarrollo de esas políticas de formación.
Con esa demanda al Gobierno central, según se recoge en la iniciativa defendida por el PSOE-A, se trata de cumplir la disposición adicional octava de la Ley del sistema de Formación Profesional para el Empleo, que fija que los remanentes de crédito destinados a dicho sistema que pudieran producirse al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del servicio público de empleo estatal se incorporarán a los créditos correspondientes al siguiente ejercicio, conforme a lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Francisco Javier Aragón ha dicho que la formación está funcionando ya en Andalucía y ha pedido "perdón" a los andaluces por los errores que se hayan podido cometer. Ha defendido que todo el esfuerzo que está llevando a cabo la Junta para dar carta de normalidad al proceso de formación de los desempleados, tiene que ser correspondido ahora por el Gobierno central.
Ha recordado que cuando una comunidad se ve en la tesitura de no haber aplicado todo el dinero presupuestado a formación, el Ministerio de Empleo le descuenta en la transferencia del siguiente ejercicio presupuestario las cantidades no comprometidas, actuando con ello "de manera desigual" entre comunidades. Por ello, ha exigido que el dinero no ejecutado durante estos años debería asignarse a Andalucía para un Plan Especial de Empleo, que impulse las políticas de formación como parte clave y sustancial de las políticas activas de empleo, y que las centrales sindicales cifran en torno a 1.000 millones de euros.
Ha señalado que la judicialización por la vía penal de la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía "ha causado un enorme daño a estas políticas". Ha añadido que Andalucía es la única comunidad en la que las investigaciones policiales versaron sobre el proceder de la administración pública responsable, "en lugar de sobre los beneficiarios de las subvenciones que presuntamente pudieran haber cometido fraude".
Por parte del PP-A, su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, ha criticado que el PSOE-A traiga una iniciativa "cargada de medias verdades, sin autocrítica y carente de honestidad, intentando confundir al dar a entender que la justicia no aprecia fraude en el uso de los fondos de formación". A su juicio, los socialistas intentan "huir hacia adelante y poner el ventilador acusando a todos partidos de montar una farsa".
Crespo, que ha advertido de que "las mentiras tienen las patas muy cortas", ha dicho que solo hace falta "tirar de hemeroteca y ver los escándalos" en esta materia, empezando por la dimisión del exvicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco, cuyo caso está "más vivo que nunca" en la Justicia. Ha dicho que el PSOE-A tiene "la cara con el mármol para pedir aquí lo que no han ejecutado durante años y además, sin terminar de revisar los expedientes".
El diputado de Podemos Jesús Romero ha afirmado que su grupo apoya cualquier petición para fondos para la formación para Andalucía pero no puede dejar de "sonrojarse" por los términos en los que el PSOE-A ha utilizado en la exposición de motivos de la iniciativa, "culpando exclusivamente al PP sin asumir ninguna responsabilidad en el desastre de la formación en Andalucía". Así, tras criticar al PSOE-A por usar esta petición para "lavar su imagen", ha reprochado el cinismo "sin límites" que demuestran los socialistas en este asunto.
En nombre de Cs, su diputado Carlos Hernández ha dicho que su grupo está de acuerdo con pedir fondos al Gobierno de la Nación pero "siempre que se utilicen bien, que llegue el dinero a los desempleados y no se quede por el camino, se sepa a qué se ha destinado y no haya fraude". Según ha destacado, éstas son cuestiones fundamentales para pedir más recursos "para un asunto, el de la formación, que se ha llevado paralizado cuatro años y que nos ha sacado los colores en Europa".
Finalmente, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha criticado "el maltrato y la nula cooperación" del Gobierno central con Andalucía en materia de empleo y ha mostrado su apoyo a la citada iniciativa porque comparte "el mensaje" de la misma. Si bien, ha destacado que la acción de la Junta "no ha sido la más diligente" porque aún no se acabado con la revisión de los expedientes y, además, las políticas de formación no han sido "eficaces".