Pleno del Parlamento de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A por la que se rechaza la política de vivienda "frentista" del Gobierno central, al que se ha exigido que ponga a disposición de la Junta y de los entes locales los suelos y bienes inmuebles de titularidad estatal que resulten aptos para la promoción residencial.
En paralelo, ha rechazado una PNL del grupo Por Andalucía acerca de la 'función social y derecho a la vivienda' que solo ha contado con los votos afirmativos de 38 diputados de la oposición frente a los 62 votos en contra.
Con los votos a favor de 62 diputados del PP-A y Vox, la primera PNL ha expresado su respaldo a las "adecuadas reformas normativas en materia de vivienda" desarrolladas por la Junta, orientadas a incrementar la disponibilidad de suelo residencial, agilizar la planificación y gestión urbanística, simplificar los procedimientos administrativos, facilitar la promoción pública y privada de vivienda protegida, mejorar el acceso de los andaluces a una vivienda digna y asequible, y aliviar la presión fiscal sobre la vivienda mediante las sucesivas bajadas de impuestos.
Se ha instado a la Junta a continuar desarrollando estas reformas, movilizando el patrimonio público de suelo y vivienda de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y impulsando nuevas promociones de vivienda protegida en venta y alquiler, frente "al modelo frentista del Gobierno de España que solo demoniza la promoción privada, la propiedad de los españoles, el ahorro a futuro y el derecho sinalagmático de las partes en los contratos de arrendamiento, facilitando la inseguridad jurídica".
La Cámara andaluza ha rechazado la política legislativa y fiscal del Gobierno de España en materia de vivienda que, por sus "efectos sobre la seguridad jurídica de los propietarios, la rentabilidad de las inversiones y la estabilidad de las relaciones arrendaticias, puede desincentivar la promoción de nuevas viviendas y la incorporación de inmuebles al mercado del alquiler residencial", como las nuevas "restricciones" incorporadas por los reales decretos aprobados recientemente.
Se ha reclamado reforzar la "colaboración público-privada como instrumento esencial para incrementar el parque de vivienda protegida y asequible, mediante la movilización de suelo público y privado".
Se ha instado al Gobierno central a que revise la legislación estatal en materia de vivienda y arrendamientos urbanos "para reforzar la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y las garantías frente al impago y la ocupación ilegal, evaluando los efectos de las restricciones sobre la oferta de alquiler residencial", y a que recupere incentivos fiscales generales en el IRPF para los propietarios que incorporen viviendas al arrendamiento habitual a precios asequibles.
La Cámara ha reclamado un Pacto Nacional por la Vivienda que, desde el respeto al marco constitucional de distribución de de competencias, establezca compromisos verificables de incremento de la oferta residencial, programación de suelo, financiación plurianual, seguridad jurídica y protección de los colectivos vulnerables, contando con la participación efectiva de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los promotores públicos y privados, las entidades financieras y los agentes económicos y sociales.
RECHAZO A LA PNL QUE PEDÍA A LA JUNTA MEDIDAS CONTRA LOS DESAHUCIOS
Por otro lado, la PNL de Por Andalucía instaba a la Junta a tomar medidas para "evitar el desahucio de familias en situación de vulnerabilidad" así como la declaración de zonas tensionadas siguiendo la Ley de Vivienda.
La coalición reclamaba medidas que "impidan a las entidades jurídicas que adquieran viviendas destinarlas a operaciones especulativas mediante su reventa". Asimismo, Por Andalucía ha reclamado la puesta en marcha de una red de Oficinas en Defensa del Derecho a la Vivienda "para ofrecer atención integral a las personas y familias en riesgo de desahucio, vulnerabilidad habitacional o acoso residencial".
"La vivienda y la ciudad no son un activo económico, es el espacio donde se construye un proyecto de vida, se cuida a la familia y se sostienen los vínculos de nuestros barrios y comunidades. Garantizar este derecho exige situar la función social de las viviendas, el derecho a la vivienda e impedir la especulación en el centro de la política", concluía la PNL.
