La diputada del Grupo Socialista Verónica Pérez interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 12 de marzo, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que planteaba reclamar al Gobierno de la Junta que "derogue" la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y que presente "con carácter urgente un nuevo proyecto de ley" en la materia que "garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero al servicio del interés general".
La iniciativa socialista, relativa a "garantía efectiva del derecho a la vivienda en Andalucía", ha contado con el apoyo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en la mayoría de sus puntos, mientras que Por Andalucía se ha abstenido, y planteaba también instar desde el Parlamento a la Junta a "reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible".
Además, con esta PNL, el Grupo Socialista abogaba por que la Junta situara en su legislación "como prioridad absoluta el acceso a la vivienda pública y asequible de la juventud, las familias en situación de vulnerabilidad, los hogares monoparentales y demás colectivos con especiales dificultades, reforzando de manera decidida la promoción pública directa y la ampliación estructural del parque público de alquiler en Andalucía".
Por otro lado, la PNL del PSOE-A proponía que el Parlamento instase al Consejo de Gobierno de la Junta a "multiplicar de forma sostenida la inversión pública en vivienda hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto andaluz durante la próxima década, impulsando un Plan Andaluz de Vivienda Pública que permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas públicas y consolide un parque estructural de alquiler asequible suficiente y permanente".
También, que desde la Junta se reforzara "de manera decidida el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía como instrumento estratégico de promoción directa, gestión pública y movilización de suelo al servicio del interés general, priorizando la construcción y el alquiler asequible frente a la enajenación de patrimonio público".
Asimismo, el Grupo Socialista planteaba que el Parlamento emplazase a la Junta a "poner en marcha un Plan Entrada Cero que facilite el acceso de la juventud a su primera vivienda protegida mediante la utilización de suelo público que garantice una reducción mínima del 15% en el precio final, complementada con una aportación autonómica adicional hasta alcanzar el 20% del valor de adquisición, evitando el desembolso inicial y asegurando la protección permanente de la vivienda".
La creación de "un Fondo Público de Emancipación Juvenil que permita financiar hasta el 20% del valor de la primera vivienda habitual en el mercado libre mediante préstamo público sin intereses y con amplios plazos de amortización" era otra de las reclamaciones que esta iniciativa socialista planteaba al Gobierno andaluz.
La proposición no de ley del PSOE-A también abogaba por instar a la Junta a "reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para reducir de forma significativa la carga fiscal en la adquisición de vivienda habitual por parte de jóvenes", y "a revisar los módulos de precios máximos de la vivienda protegida eliminando la categoría más elevada y fijando parámetros que garanticen una diferencia real respecto a la vivienda libre y aseguren que el esfuerzo económico no supere el 30% de los ingresos familiares".
Otras reclamaciones que desde el Grupo Socialista dirigían a la Junta con esta iniciativa eran la de "declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de los hogares", y la de "impulsar un nuevo equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda que permita a los ayuntamientos limitar, suspender o condicionar nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en zonas saturadas, establecer cupos y reforzar los mecanismos de inspección y control".
DEFENSA DE LA INICIATIVA
La diputada del Grupo Socialista Verónica Pérez ha sido la encargada de defender esta iniciativa en cuya exposición de motivos se subrayaba que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía "atribuye a la Comunidad Autónoma (andaluza) la responsabilidad de desarrollar políticas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad real y efectiva", no obstante lo cual "el acceso efectivo a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales que afectan a la ciudadanía andaluza, constituyendo un factor determinante de desigualdad social territorial y generacional".
Ante esta "dura realidad", desde el Grupo Socialista han criticado la "falta de respuesta" del Gobierno andaluz, que "en lugar de reforzar la construcción directa de parque público permanente, ha optado por una estrategia de confrontación política con el Gobierno de España en relación con la aplicación de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, rechazando instrumentos como la declaración de zonas tensionadas, y trasladando el debate al plano competencial en lugar de priorizar soluciones efectivas para la ciudadanía".
CRÍTICAS DEL PP-A A LA INICIATIVA SOCIALISTA
En el turno de posicionamiento de los grupos, la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha criticado que, con esta iniciativa, desde el Grupo Socialista vienen a decir que el "problema" de la vivienda se da únicamente en Andalucía y es por culpa de las políticas del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno. "Ni usted misma se lo cree", le ha espetado la diputada 'popular' a Verónica Pérez, a quien ha censurado que desde el PSOE-A quieran así "usar burdamente la inteligencia de los andaluces".
En esa línea, la representante del PP-A ha sostenido que "el PSOE y el Gobierno de España tienen más responsabilidad en el problema de la vivienda" que el Ejecutivo de Juanma Moreno, que, según ha defendido también Beatriz Jurado, opta ante esta cuestión por "la vía de la política útil, la del resultado y la ayuda al acceso a la vivienda", mientras que los socialistas optan por la "confrontación" y la política "poco útil", pidiendo con esta PNL "lo que ya está en funcionamiento en Andalucía", según ha apostillado.
Por su parte, el diputado de Vox Ricardo López ha advertido de que hay una "verdad que conocen millones de españoles", y es que "la vivienda se ha convertido en un lujo en España", algo de lo que ha culpado al PP y al PSOE, a los que ha afeado políticas de vivienda realizadas "de forma irresponsable" y con una "absoluta falta de planificación", y en ese sentido ha señalado que "España ha recibido en pocos años millones de nuevos residentes extranjeros mientras la construcción se desplomaba", y "ningún gobierno ha tenido el valor de afrontar esta realidad".
Finalmente, el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez ha sostenido que "el PP ha puesto muy complicado llegar a cualquier tipo de acuerdo en materia de vivienda", ya que mantiene una posición "antagónica" respecto a la de su grupo, con una "lectura del mercado de la vivienda completamente distinta", basada, en su caso, en la "cultura del pelotazo propia del siglo XX", de "favorecer la especulación", y en esa línea ha acusado al PP de haber "conspirado contra las clases populares" andaluzas, poniéndose "del lado de los fondos buitre y de inversión".