SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha continuado este martes el juicio relativo a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas (Sevilla) Aceitunas y Conservas (Acyco), una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas directas y sin publicidad, con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Durante esta nueva sesión del juicio ha comparecido como testigo el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, quien ejerció dicho cargo desde la Semana Santa de 2010 a las mismas fechas de 2012 y otrora investigado en la causa judicial del conocido como "procedimiento específico" mediante el cual la Junta de Andalucía canalizaba la financiación de los citados ERE y subvenciones arbitrarias.
Durante su comparecencia, y a preguntas de la defensa del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, acusado en este juicio junto a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, y otros antiguos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, Justo Mañas ha manifestado que supo "por la prensa" de las irregularidades en las que incurrían diversos de los ERE financiados con cargo a la Junta de Andalucía.
En el caso del ERE promovido por Acyco en 2003 para prejubilar a 35 personas con cargo a los fondos autonómicos, durante el desarrollo de esta vista oral, acusados y testigos han reconocido que las prejubilaciones fueron ofertadas en condiciones bastante o muy "favorables". Así lo dijo por ejemplo el exdirector de Recursos Humanos de Acyco y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, acusado en este juicio.
LAS PREJUBILACIONES DEL ERE
Es más, según el que fuera jefe de fábrica de Acyco entre 2001 y 2011, quien declaraba como testigo, los empleados acogidos al ERE de Acyco manifestaban que las prejubilaciones eran "casi mejor" que ganar "la lotería", pues las rentas alcanzaban casi el cien por ciento del salario.
En este ERE, además, fueron detectados dos "intrusos", es decir personas beneficiarias de las prejubilaciones sin haber trabajado nunca para la empresa. Se trataba de Andrés Carrasco, acusado en este juicio y "amigo" declarado del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, también acusado pero ya fallecido y en cuya etapa fue promovido este ERE; y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez, fallecido tiempo atrás.
Justo Mañas ha rememorado que como los responsables de la Consejería de Empleo no tenían "ni idea de la amplitud" de las irregularidades, fue organizada una "mecánica de investigación" mediante "equipos de funcionarios cualificados con autonomía" para indagar en los documentos y actos administrativos y así "averiguar la profundidad" de los hechos, logrando completar a finales de 2010 la plena revisión de los primeros expedientes relacionados con las subvenciones concedidas para los ERE indagados.
EL "CRITERIO" DE RIVERA
Es en ese contexto en el que ha recordado que Daniel Alberto Rivero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, planteó "con buen criterio" a su juicio la idea de promover expedientes de "reintegro" de las subvenciones en aquellos casos que presentaban "dudas" respecto al procedimiento o el destino del dinero. Insistiendo en que tal medida derivó del "buen criterio" de Rivera, Justo Mañas ha manifestado que la misma redundó en "un beneficio para el erario público" tras un "trabajo difícil y complicado".
También ha sido interrogado respecto a la ayuda de 125.000 euros solicitada en 2009 por Acyco para "el mantenimiento de 144 puestos de empleo", cuya primera y única partida habría sido usada para sufragar parte de los honorarios del despacho Garrigues por el ERE de 2003, según el que fuera director de Recursos Humanos de Acyco y además acusado, Gabriel Barrero, mientras el jefe de la UCO de la Guardia Civil encargado de la investigación señalaba su "conclusión" de que aquella subvención estaba directamente destinada a "pagar la factura pendiente" del citado despacho de abogados.
LA AYUDA DE 2009
Después de que Rivera admitiese que en 2010 ordenó el pago del primer plazo del 75 por ciento de dicha ayuda tramitada en la etapa de Juan Márquez como director general, negando que sospechase del "destino final" de dicha subvención, Justo Mañas ha explicado que como viceconsejero el pago de tales ayudas no formaba parte de sus "competencias", sino de Rivera, quien podía "decidir con sus criterios".
Asegurando que él "en absoluto" conocía la finalidad de la mencionada ayuda, Justo Mañas ha opinado que si Daniel Alberto Rivera hubiese conocido que el destino de la subvención no respondía al objeto de la solicitud de la misma, "no habría procedido al pago" de dicha ayuda.
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