PP-A dice que Gobierno pone "en riesgo" la economía andaluza al "recortar" contratos con sectores aeronáutico o naval

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento, Pablo Venzal, ha denunciado este jueves que el Gobierno central ha anunciado un recorte de 8.300 millones de euros para las contrataciones que el Ministerio de Defensa realiza con sectores como el aeronáutico, el naval, el del metal y el de las tecnologías de doble uso, lo que afecta directamente a la industria andaluza por culpa del "populismo de este Gobierno de izquierdas".

Según ha explicado Venzal en rueda de prensa, el Ministerio de Defensa ha anunciado contrataciones por valor de 2.556 millones de euros, lo que supone una merma de 8.300 millones respecto a la previsión del anterior Gobierno del PP para 2018, de forma que, además de "incumplir con los compromisos internacionales", el
Ejecutivo de Pedro Sánchez también "va a poner en grave riesgo la economía
andaluza", ya que a Andalucía es donde iría destinada "la inmensa mayoría
de las contrataciones" al ser la segunda comunidad productora del sector.

En ese sentido, el portavoz popular ha expuesto como este sector, sin incluir
a grandes empresas como Navantia y Airbus, emplea a 15.000 trabajadores
y factura 400.000 millones de euros, además de exportar "una parte
importantísima" como es el 82% de su volumen de negocio.

Todo ello, según ha apuntado, ha permitido hasta ahora trabajo estable y un crecimiento exponencial de la actividad, pero la "merma en las contrataciones" decidida por el Gobierno de Sánchez "pone en peligro todo esto", algo que también ha sido advertido ya "con preocupación" por el sector del metal, que cuenta con
700 trabajadores y 119 empresas.

Precisamente sobre el sector del metal, Venzal ha expuesto la problemática
creada a la compañía Santa Bárbara, para la que había prevista una
contratación "en cumplimiento de los acuerdos internacionales" para hacer el
carro de combate 8x8 y que "finalmente no se lo adjudicaron" poniendo en
"grave peligro la viabilidad" de esta empresa y de otras empresas del metal
en Andalucía que eran sus suministradoras.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

Por todo ello, ante estos "dislates en las actuaciones del Ministerio de
Defensa", los populares andaluces han reclamado explicaciones a la ministra
y van a presentar sendas iniciativas en el Parlamento de Andalucía en apoyo
al sector, concretamente solicitando una declaración institucional mostrando
el apoyo de la Cámara autonómica a la compañía Santa Bárbara y una
proposición no de ley reclamando apoyo inversor a los sectores económicos
andaluces relacionados con defensa.

"El competente es el Gobierno de la nación y, por su parte, está habiendo
una falta de apoyo al sector andaluz que genera miles de puestos de
trabajo", agravándose con "un importante problema" como es que la
comisión interdepartamental que coordina toda la labor comercial de la
producción en materia de defensa "tenga paralizadas las autorizaciones de
exportación, con un grave peligro para la materia", según ha expuesto.

Para Venzal, "el mal trabajo que está haciendo el Gobierno amenaza
directamente al sector por esa falta de apoyo a la tecnología aeroespacial",
recordando que en Andalucía hay cuatro plantas y cómo el Ejecutivo no ha
complicado con uno de los grandes retos que tenía este sector en concreto
como era "el desarrollo del futuro avión de combate", que debería haber
adjudicado a Airbus y finalmente no lo hizo.

Según ha añadido, el Gobierno de España tiene que "cesar en su populismo y dejar de mirar para otro lado, empezando por dar las autorizaciones comerciales que suponen miles de puestos de trabajos en todos los sectores relaciones con
la defensa", ya que precisamente "lo que necesitamos es generar empleo y
seguir creciendo económicamente".

EL 'DECÁLOGO DEL AGRAVIOS' DE SÁNCHEZ A LOS ANDALUCES

Venzal ha expuesto este recorte a los sectores andaluces relacionados con
defensa como uno de los agravios de los que conforman un decálogo de los
mismos por parte del Gobierno de Sánchez a los andaluces.

A ello se le sumarían, según ha dicho, los 537 millones del IVA que el Ejecutivo socialista se niega a pagar a Andalucía, los retrasos en las entregas a cuenta, las mermas en las liquidaciones de éstas respecto a 2019 y 2020, la parte del IVA que debería ir a los ayuntamientos andaluces que tampoco está
pagando, el hecho de pretender un mayor endeudamiento que "hace menos
competitiva a la economía", una subida de impuestos, un anuncio de recurso
ante la solución dada por la Junta para las viviendas fuera de ordenación, la
"desidia" del Ejecutivo ante los problemas del campo, y la asimetría de éste en
las transferencias a las comunidades, ya que "a los andaluces nos baja" las mismas
cuando las acrecienta para Cataluña.