PP-A reclama el jueves en el Parlamento que el Gobierno revise los requisitos ambientales para los centros de datos

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que insta al Gobierno central a revisar íntegramente y modificar el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, "infraestructura esencial para la digitalización de la economía, el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los servicios digitales y para el funcionamiento de las propias administraciones públicas".

En la iniciativa, se pide al Ejecutivo nacional que garantice que sus obligaciones técnicas, energéticas, ambientales y administrativas respondan a los "principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, neutralidad tecnológica y no discriminación, evitando cargas que puedan constituir barreras injustificadas a la implantación, ampliación o continuidad de proyectos viables en Andalucía".

Otra demanda es que el Gobierno garantice que la regulación no produzca "efectos territoriales desproporcionados, costes diferenciales carentes de justificación objetiva ni distorsiones injustificadas en las decisiones de localización empresarial", teniendo en consideración los principios de equilibrio económico territorial y libertad de establecimiento y evitando penalizar a territorios que, como Andalucía, realizan una "elevada contribución a la generación renovable nacional".

Se pide también al Ejecutivo nacional que revise los umbrales de eficiencia energética y, singularmente, el PUE máximo de 1,15, sustituyendo los estándares rígidos y uniformes por parámetros técnicamente alcanzables y, en su caso, modulables en función del clima, tamaño y grado efectivo de utilización de las instalaciones, tecnología empleada y capacidad computacional, de acuerdo con criterios objetivos, verificables y tecnológicamente neutrales.

Otra demanda es que se revise el régimen de eficiencia hídrica y el indicador WUE, diferenciando adecuadamente entre el empleo de agua potable y recursos hídricos de menor impacto ambiental y favoreciendo expresamente la reutilización, el agua regenerada o terciaria, así como otras tecnologías que permitan reducir la presión sobre los recursos convencionales.

El PP-A pide en la iniciativa que el Gobierno garantice una "participación efectiva" de las comunidades autónomas, autoridades regulatorias, operadores de redes, sector tecnológico, industria y restantes agentes afectados antes de la aprobación definitiva del real Decreto, dada la trascendencia territorial, industrial, energética y digital de la futura norma.