SEVILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos profesionales independientes de sanidad, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Enfermería de Sevilla (Satse) y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (USAE) han anunciado medidas contra la "discriminación flagrante" del decreto de las 37,5 horas de la Junta de Andalucía para la jornada laboral de los empleados públicos; así como le han exigido la modificación de dicho documento para que pueda ser consensuado en la mesa sectorial.
Así, en rueda de prensa, junto a la coordinadora de organización de USAE, Araceli Marín, y al secretario general del Satse, Francisco Muñoz, el presidente del SMA, Rafael Carrasco, ha sostenido que "después de los años de crisis y los recortes posteriores, este documento vuelve a hurgar en la herida que lleva abierta hace años". Ha recordado que fueron más de 7.000 los puestos de trabajo perdidos en 2012, lo que supuso un diez por ciento de despidos en el sector.
En este sentido, desde Satse han señalado que desde 2012 hay "una afrenta en el sector que sirve de excusa para hacer caja con los sanitarios", pero que "la regulación de la jornada ha sido la gota que ha colmado el vaso", máxime cuando ello deriva en "problemas de organización de los servicios, recortes adicionales en retribuciones complementarias y, sobre todo, en recortes del sector sanitario", ha apostillado Francisco Muñoz.
Con respecto a la plasmación de las 2,5 horas semanales no presenciales en la Sanidad Pública según el nuevo decreto de las 37,5 horas, todos los sindicatos están de acuerdo en que estas medidas son "altamente discriminatorias" y que hay algunas cuestiones "incomprensibles" reflejadas a nivel general, pero no específicamente en el ámbito sanitario.
Igualmente, el Sindicato de Auxiliares de Enfermería ha insistido en que existe "discriminación" porque "esas horas no presenciales no van a costar lo mismo a un sanitario que a otro profesional", en donde, según la coordinadora de organización, "se suman jornadas maratonianas y días adicionales".
SOLICITUD POR ESCRITO
Por todo ello, los sindicatos han presentado públicamente un escrito solicitando a la consejera de Salud, Marina Álvarez; a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que "cese la citada discriminación y sea retirado el documento mencionado; toda vez que se elabore un nuevo documento en el que no se incluyan discriminaciones entre colectivos y no existan diferencias más allá de las que se derivan de su actividad o categoría profesional".
Además, también han exigido a la Junta de Andalucía que, en cualquier caso, se admita que las actividades que pueden servir a un empleado público de los sectores de administración general e instrumental para justificar 2,5 horas semanales de trabajo, sean también de aplicación al personal del sector sanitario. Asimismo, con analogía a los contenidos de la formación continuada valorada para los sectores de administración general e instrumental, solicitan que se admita la formación acreditada bien por las Universidades o por la Comisión de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias.
Los profesionales sanitarios esperan una respuesta por parte de la Administración andaluza, puesto que, a su juicio, "no es de recibo este trato discriminatorio con respecto a otros sectores como el docente", que, según añaden, "lejos de criticar al sector de la Educación, la plasmación de las 2,5 horas no presenciales es correcta y ajustada", por lo que esperan "el mismo trato en Sanidad".
SÓLO 17 CURSOS QUE COMPUTAN 90 HORAS
De forma más detallada, los sindicatos sanitarios han asegurado que para computar las horas no presenciales, en el sector sólo hay una oferta de 17 cursos que en total suman 90 horas, "a pesar de que se deben computar un máximo de 105 horas al año". Además, han agregado que estos estudios complementarios "no son interesantes" para el sector, que no pueden computar estudios de Grado o Máster como el resto de funcionarios; así como tampoco les computa las tareas de investigación.
En esta línea, todos están de acuerdo en que "no existe un catálogo de cursos ni se recoge su aplicación", que "no tienen libertad" de matricularse en otros cursos; así como que "la Administración obliga a un sistema de acreditación que se rige por gestión de competencias".
En general, no entienden que este documento se haya redactado al margen de los profesionales sanitarios y que no les hayan dado la oportunidad de hablarlo en la mesa sectorial; de ahí, aseguran, "las incongruencias del tratamiento de los distintos profesionales".
Así las cosas, ponen sobre la mesa las diferencias entre los sectores que tienen las mismas competencias que con la aplicación de varios meses de las 35 horas, otros que tienen un gran abanico de posibilidades donde elegir y, aquellos, como los sanitarios, que se ciñen a un programa muy reducido que no tienen el 90 por ciento de actividades como el resto de funcionares a fin de "justificar las estructuras".
Por último, los tres sindicatos han sostenido que van a esperar un tiempo prudencial a que la Junta conteste a esta petición; mientras que paralelamente lo estudian los servicios jurídicos. El siguiente paso será el estudio de este documento en la mesa sectorial y, si este objetivo no se consigue, se llevara a cabo una gran recogida de firmas que lleguen al Parlamento andaluz, sin contar con otras medidas que podrían llevar a cabo en un futuro pero que serían "más perjudiciales que beneficiosas".
