SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlamento andaluz ha admitido a trámite esta semana la segunda Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que una comisión ha promovido y registrado en la Cámara autonómica para "estabilizar" empleo público temporal, que reclama la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que el Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2021.
Así lo ha trasladado a Europa Press el portavoz de la comisión promotora de esta iniciativa, David Núñez, que ha explicado que fue el pasado mes de enero cuando dicha comisión registró esta ILP en el Parlamento después de que la Cámara andaluza inadmitiera una primera que habían presentado sobre esta cuestión.
Según ha aclarado, con esta ILP se busca que el Parlamento de Andalucía "apruebe la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, contra el abuso de la temporalidad que el Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2021", y se ha presentado "tras subsanar las objeciones recogidas en el informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento" en torno a esta iniciativa que "inicialmente se inadmitió".
De este modo, esta ILP "propone la regularización o estabilización de la situación de fraude por abuso de la temporalidad de miles de empleados públicos de la Junta de Andalucía, mediante el sistema exclusivamente por concurso de méritos aprobado en el Congreso de los Diputados en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, que consiste en la aplicación del artículo 61.6 y 61.7 del Estatuto Básico del Empleado Público".
Esta ILP, según ha detallado el portavoz de su comisión promotora, "afecta a funcionarios interinos de Educación y Administración General, incluidos los que prestan servicios en universidades, en gestión y tramitación procesal en Justicia; estatutarios y laborales temporales y contratados temporales en las agencias, incluyendo al personal declarado indefinido no fijo por sentencia; que se encuentren al servicio de la Junta de Andalucía, en diputaciones provinciales y ayuntamientos".
La iniciativa propone "un Baremo de Valoración de Méritos que establece una mayor puntuación de la experiencia previa en el puesto específico dentro de la misma administración pública convocante, para que la experiencia en otros puestos o en otras administraciones no tengan la misma puntuación, y para que la experiencia como personal laboral no sirva para puestos de funcionario y viceversa".
"Por supuesto", según abunda el portavoz de la comisión promotora, "también incluye una propuesta presupuestaria y jurídicamente viable, que no vulnera el principio de seguridad jurídica, para poder reconducir las convocatorias anteriores de estabilización en curso y evitar que miles de empleados públicos de la Junta de Andalucía en abuso de temporalidad vayan a la calle, al desempleo".
En palabras de David Núñez, "esta ILP es la última oportunidad para evitar lo que amenaza con ser la mayor regulación de empleo público aplicada en la historia de la función pública de la Junta de Andalucía".
La comisión promotora de esta iniciativa dispone ahora de "un plazo máximo de seis meses para reunir 40.000 firmas de ciudadanos andaluces" que permitan que la ILP se vote en el Pleno del Parlamento de Andalucía, según ha explicado el portavoz.
