El PSOE de Córdoba valora la futura Ley ELA, "porque es necesaria, urgente y de justicia"

CÓRDOBA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba Rafi Crespín, ha valorado el inicio de la tramitación este martes de la Ley para la atención integral de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y conocida como Ley ELA, "porque es necesaria, urgente y de justicia" con las personas que padecen estas patologías, al tiempo que ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Grupo Socialista "cumplen con su palabra de mejorar y reforzar la atención sanitaria y social a estos enfermos".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha indicado que las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas, como la ELA, el Alzheimer, el Parkinson o la enfermedad de Huntington, entre otras, así como a sus familias y sus cuidadores, "requerían desde hace tiempo un marco legislativo que los protegiese y amparase con derechos y garantías", dado que la progresión de estas patologías "producen una situación de dependencia y una necesidad de cuidados permanentes, conllevando en muchos casos un importante padecimiento individual y social de la persona afectada y de su entorno".

La también diputada nacional del PSOE por Córdoba, que se ha congratulado del apoyo de las diferentes fuerzas políticas que han permitido el inicio de su tramitación en las Cortes, ha dicho que "esto es hacer política con mayúsculas, que es la que le cambia a mejor la vida de la gente", y ha comentado que esta ley "dará respuestas certeras y efectivas" a las consecuencias derivadas de estas patologías, "que tienen repercusión en el ámbito laboral y requieren de un alto gasto económico para la atención social y sanitaria" que conllevan.

Uno de los principales objetivos de la futura Ley, según ha precisado, "es racionalizar y reducir al máximo los trámites, para garantizar que no se produzcan desfases significativos entre el proceso de una enfermedad y la respuesta que se ofrece a las personas que las padecen por parte de las administraciones públicas, desde todos los ámbitos", y se introducen dos medidas cuyo fin es simplificar los trámites para la acreditación de la situación de discapacidad.

Por un lado, se trata de considerar, a todos los efectos, que las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33%.

El mismo tratamiento se otorga a las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio y, por otro lado, se considera también que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% las personas que tengan reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados.

Se trata, según ha dicho Crespín, de "dos medidas que beneficiarán a miles de personas y evitarán trámites y demoras en la acreditación de la situación de discapacidad y, en consecuencia, en el acceso a las ayudas, servicios y prestaciones públicas que se derivan de este reconocimiento".

La Ley incorpora un nuevo trámite, denominado "de urgencia", aplicable a aquellos casos en los que hay que debe atenderse a la esperanza de vida y a la evolución de la enfermedad, como se da en el caso de la ELA, que tendrá una duración máxima de tres meses para la resolución del reconocimiento de la prestación de dependencia, el de la revisión del grado de dependencia y el de la revisión del programa individual de atención.

Además, incorpora medidas para dar respuesta a las personas en situación de electrodependencia, que son aquellas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica para preservar su salud y en ocasiones su vida, previendo el que sean beneficiarias del bono social eléctrico.

Igualmente, se recogen en la futura Ley medidas de mejora de la coordinación de los servicios sanitarios con los sociales, la creación de una red de centros residenciales para mejorar la atención de las personas enfermas de ELA, y la garantía de un plazo máximo para la recepción de las prestaciones sociales más importantes, como son las relativas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.