SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
Salud Mental Andalucía ha solicitado este miércoles al Parlamento autonómico que realice "modificaciones" en la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad al considerar que, aquellos que tienen problemas de salud mental, "también tienen barreras, aunque son invisibles, y la mayor barrera que encontramos para la recuperación y la inclusión social es el estigma".
Así lo ha indicado el presidente de la Federación, Manuel Movilla, quien comparecía este martes ante la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento con motivo de este Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, según ha trasladado la asociación en un comunicado.
Por ello, la Federación ha presentado una serie de alegaciones y propuestas de mejora a la Ley entre las que se encuentra "el incremento hasta el 2%" de la reserva de plazas de empleo público a personas afectadas por trastorno mental grave, "la obligatoriedad" de segregar datos de discapacidad por problemas derivados de salud mental y "el impulso" de turnos específicos de justicia gratuita especializados para personas con discapacidad para cualquier tipo de procedimientos.
"El acceso al empleo de calidad es una de las herramientas fundamentales para garantizar la autonomía, recuperar la autoestima y prevenir situaciones de exclusión. La ley tiene que mejorar la regulación de la reserva de plazas para señalar específicamente que dicha reserva está prevista para personas afectadas por trastorno mental grave y prever mecanismos específicos de apoyo que faciliten la ocupación efectiva de los puestos y el mantenimiento, ya que la tasa de empleo es de 17,1%. Es una situación desoladora", ha manifestado.
Para la Federación, "los colectivos de discapacidad necesitan atención especializada y acompañamiento en los procedimientos judiciales de cualquier tipo, por ello es necesario el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita en todo tipo de procedimientos (asistan como agredidos o como agresores)".
Asimismo, ha indicado que la convención de la ONU "obliga a los Estados a garantizar los apoyos necesarios en el acceso a la justicia y esto solo se puede realizar a través de profesionales formados que puedan acompañar en cada procedimiento del tipo que sea".
"El sistema judicial y penitenciario es rígido y complejo y, en el caso de este colectivo, se generan muchas dificultades para acceder a la información y desenvolverse de forma correcta", ha lamentado.
En este sentido, ha ejemplificado "los procedimientos por delitos leves y los procesos de prestaciones de apoyos que en este momento están configurados para asistir sin necesidad de abogado y procurador, pero, en muchas ocasiones, asistir sin la defensa técnica ocasiona situaciones de tensión y vulnerabilidad en los que, además, el estigma asociado a la salud mental contribuye de forma muy negativa".
Otra de las demandas de la asociación es que "se amplíe" el catálogo de infracciones y sanciones "reflejando infracciones por acciones que afecten a todo el colectivo".
"Reflejar de forma específica la posibilidad de defender colectivamente la imagen que se transmite de las personas con problemas de salud mental permitiría denunciar este tipo de situaciones y contribuye a que estas personas no tengan que seguir sufriendo comentarios hirientes o difusiones de vídeos, así como que no se traslade una imagen degradante, negativa y distorsionada que atente de forma deliberada contra su dignidad y honor", ha concluido.
