UGT-A advierte del Proyecto de Ley de Vivienda: "No garantiza el derecho a vivienda digna y perpetúa la especulación"

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Andalucía, ha advertido este jueves que el Proyecto de Ley de Vivienda "no garantiza el derecho constitucional y estatuario a una vivienda digna y adecuada" y que, además, "nace sin consenso ni diálogo social", al no haberse contado con la participación activa de los agentes sociales en su elaboración, "a pesar de formar parte de la Mesa de Diálogo Social en materia de Vivienda".

Así lo ha afirmado la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía para exponer la posición del sindicato ante el Proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, según ha informado el sindicato en una nota de prensa.

Allí, Román ha señalado que "no se puede legislar sobre un derecho básico sin escuchar a quienes representan a la clase trabajadora y conocen la realidad de las familias que no pueden acceder a una vivienda", por lo que "este proyecto ignora la emergencia habitacional que vive Andalucía".

UGT-A ha incidido en que el texto en trámite trata la vivienda "únicamente como un bien patrimonial o de inversión", en lugar de hacerlo como un derecho fundamental "vinculado al bienestar y al desarrollo de un proyecto de vida digno".

Román ha añadido que se trata de una "oportunidad perdida" para impulsar una norma que actúe de manera decidida sobre las causas estructurales de la crisis habitacional, ya que "no contiene medidas concretas para regular el mercado ni proteger a los colectivos más vulnerables".

En este sentido, ha remarcado que en Andalucía existen más de 640.000 viviendas vacías, "muchas de ellas en manos de fondos de inversión, bancos o grandes tenedores, mientras que miles de familias trabajadoras no pueden acceder a una vivienda".

"Nuestro mercado de vivienda es claramente especulativo, y esta ley no propone mecanismos que corrijan ese desequilibrio. Dejar el acceso a la vivienda en manos del mercado es condenar a las familias andaluzas a un futuro sin estabilidad ni oportunidades", ha señalado la responsable sindical.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Por otra parte, Román ha expresado "su preocupación por la ausencia de una regulación efectiva" sobre las viviendas de uso turístico, que actualmente superan las 96.000 registradas en Andalucía, además de unas 16.000 sin registrar.

Según datos del sindicato, la rentabilidad de un alquiler turístico es un 400% superior a la de un alquiler residencial, lo que provoca una subida sostenida de los precios y expulsa a la población de los barrios tradicionales hacia la periferia.

"El texto ignora el impacto devastador de las viviendas turísticas sobre los precios del alquiler. Las familias trabajadoras están siendo expulsadas de sus barrios por un modelo que prioriza la especulación y el turismo intensivo sobre el derecho a vivir dignamente", ha recalcado Román.

La secretaria de Políticas Sociales ha afirmado que el parque público de vivienda en Andalucía "apenas representa el 2% del total", frente a países europeos donde la media oscila entre el 10% y el 20%.

"Necesitamos una apuesta real por la vivienda pública. Un parque estable, bien gestionado y sostenible, que actúe como contrapeso al mercado especulativo y que dé respuesta a las familias que no pueden acceder a una vivienda libre", ha subrayado.

Román también ha criticado que el proyecto normativo "permite la descalificación de viviendas protegidas", lo que contribuye a su salida del parque público y "refuerza la especulación".

"Blindar la calificación de las viviendas protegidas es esencial. No podemos permitir que las promociones públicas acaben en el mercado libre. La vivienda pública debe ser permanente y no una oportunidad de negocio", ha añadido.

"UNA LEY QUE IGNORA LA SITUACIÓN REAL"

UGT Andalucía ha criticado que el concepto de "vivienda asequible" que recoge el proyecto de ley no tiene en cuenta los salarios medios de la población andaluza, a su juicio, los más bajos del país.

"Hablar de vivienda asequible sin tener en cuenta los ingresos reales de las familias trabajadoras es un ejercicio de desconexión con la realidad social", apuntó Román.

El sindicato ha lamentado también la "falta de sensibilidad social del texto, que no contempla medidas específicas para mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales, jóvenes extutelados, mayores o personas con discapacidad".

Asimismo, ha mostrado su desacuerdo con la eliminación del depósito de fianzas gestionado por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), una herramienta que "permitía disponer de recursos para políticas públicas de vivienda".

UGT-A ha incidido en la necesidad de aplicar la declaración de zonas tensionadas, una medida prevista en la Ley estatal de Vivienda, que permitiría intervenir en los precios del alquiler en áreas donde superan el 30% de los ingresos familiares.

"No se puede mirar hacia otro lado mientras las familias destinan más de un tercio de su salario a pagar un techo. La vivienda debe dejar de ser un negocio para volver a ser un derecho", ha afirmado Román.

El sindicato ha señalado que el proyecto de ley andaluz "renuncia a aplicar esta herramienta", sustituyéndola por las llamadas "áreas prioritarias de vivienda", un concepto "vago y poco operativo que deja en manos de los ayuntamientos la regulación sin establecer límites ni garantías reales para los inquilinos".

"TODAVÍA SE ESTÁ A TIEMPO DE RECTIFICAR"

En su conclusión, Maribel Román ha instado al Parlamento andaluz a rectificar el rumbo del texto para que la futura ley "sea realmente transformadora y garantice el derecho efectivo a una vivienda digna", como reconoce la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

"Desde UGT Andalucía defendemos una ley valiente, que blinde el parque público, regule las viviendas turísticas y proteja a los colectivos más vulnerables. Todavía se está a tiempo de aprobar una norma que ponga a las personas por delante del mercado y devuelva la vivienda a su función social", ha concluído.