SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz en la que se pide al Gobierno andaluz que inste al Ejecutivo nacional a la "ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, también se pide a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que solicite a la Unión Europea "la inscripción de los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República), en la lista de organizaciones criminales y terroristas, remitiendo a tal fin expediente con los datos relativos a la investigación judicial seguida por la Audiencia Nacional".
Otra demanda consiste en que la Junta pida al Gobierno central que suspenda "de inmediato cualquier pago y en su caso revocar u ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público estatal o autonómico, los denominados CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma".
En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox señala que es "necesario y vital para la unidad de la nación y para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los españoles, la ilegalización de los partidos y asociaciones separatistas con el objeto de restaurar el orden constitucional en todo el territorio nacional". De este modo, según añade, se dará cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Española relativo a "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
Asimismo, apunta que la ilegalización de partidos que pretenden la ruptura del estado está contemplada en la ley fundamental de muchas naciones de nuestro entorno.
Vox recuerda que el pasado 23 de septiembre, bajo las órdenes de
magistrado-juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, se procedió a la detención de hasta nueve miembros de los denominados Comités de Defensa de la República en varias poblaciones de Barcelona, mientras que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional informó que dichas personas "pertenecían al llamado equipo de respuesta técnica y planeaban atentar en el segundo aniversario del intento de golpe de Estado en España el 1-0, así como en el día que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés".
Para Vox, los acontecimientos vividos en Cataluña tras conocerse la sentencia, "con actuaciones violentas y concertadas en estructuras estratégicas del estado confirman no sólo la verosimilitud de la amenaza para el estado y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles sino que el llamado proceso separatista está más vivo que nunca".
En opinión de este grupo parlamentario, "queda probado que se cumplen los requisitos para la inclusión de los CDR, en la 'posición común' de la Unión Europea, como grupo terrorista". Explica que, según esa 'posición común', se entiende por acto terrorista "el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el derecho nacional, enumerando acciones típicas.