GRANADA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Granada ha presentado una moción para bonificar la cuantía íntegra del impuesto que grava los depósitos que realicen en plantas de tratamiento los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.
El portavoz de Vox en la Diputación de Granada, Gustavo de Castro, ha explicado que "el impuesto, con efectos a 1 de enero de 2023, es sobre la entrega de residuos, para su eliminación, en vertederos autorizados --la Ecocentral Granada, en Alhendín, y el Complejo Medioambiental Vélez de Benaudalla-- y el impuesto se devenga cuando se realiza el depósito de los residuos por los ayuntamientos".
El reglamento del tratamiento de residuos "obliga a la institución provincial a hacerse cargo de este servicio en los municipios menores de 5.000 habitantes, por tanto, cabría pensar que lo justo sería que los impuestos que se suman al coste de este servicio y que son derivados por tanto de un mismo hecho causal, fuesen costeados también por la institución provincial", ha aclarado De Castro.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre el recurso 339/2016 dictó una sentencia en 2018, donde exponía en la parte segunda de los fundamentos de derecho que "la Diputación no puede negar el acceso de los residuos procedentes de los municipios de menos de 5.000 habitantes a sus instalaciones en caso de impago del coste del servicio, porque es una competencia directa" de la institución provincial.
A su vez, "el ayuntamiento no tiene la condición de sujeto pasivo en la prestación del servicio, ni en el devengo de la tasa, pues no es el beneficiario del servicio, sino que este, en todo caso, es el ciudadano del municipio que es quien recibe el servicio de tratamiento de sus residuos sólidos urbanos por parte de Diputación".
En base al TSJA, prosigue Vox en una nota de prensa, "se entiende que el servicio prestado por la Diputación Provincial es el tratamiento de los residuos, los cuales no pueden ser tratados si no se depositan, y el nuevo impuesto grava el depósito de residuos, sin embargo, depositarlos forma parte del proceso de tratamiento", ha especificado el portavoz de Vox.
Indica también dicha sentencia que "no debe liquidarse tasa a ninguna persona física o jurídica, pero, en cualquier caso, lo que no se puede es obligar al ayuntamiento a abonar una tasa o una contribución por un servicio del que no es el beneficiario ni el sujeto pasivo".
Es por ello que desde el Grupo Provincial de Vox en la Diputación de Granada entienden que "el impuesto es una contribución económica en este caso, si bien no grava el tratamiento, sino el depósito, no se puede separar la acción de depositar al margen del tratamiento puesto que es la parte primera del tratamiento".
Utilizando un símil, ha proseguido De Castro, sería "como establecer la gratuidad de estancia en un hotel, pero cobrando la entrada al mismo, algo contradictorio y que si bien no compete a la Diputación Provincial pues no tiene la capacidad de eliminar o suprimir esta norma legal si puede corregir de forma justa esta contradicción, bonificando a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes la cuantía íntegra del impuesto que grava los depósitos que realicen en plantas de tratamiento de residuos autorizadas".
Para el portavoz de Vox en la Diputación granadina, "esta es la consecuencia directa de las políticas verdes y la Agenda 2030, el resumen es más impuestos y más recaudación con la excusa del cambio climático o el reciclaje: El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a imponernos una nueva carga fiscal, que afectará a todos nuestros municipios, a Granada muy especialmente pues la gran mayoría de nuestros pueblos tiene menos de 5.000 habitantes".
"En contraposición con la dirección del Gobierno de la Nación, la Diputación vuelve a ser el salvavidas de los más pequeños, y está al alcance de nuestra mano". En conclusión, "este nuevo impuesto aplasta a Granada con diez millones de euros en recaudación, mucho dinero, pero esta propuesta pese a que afecta a más de 130 municipios supondría únicamente algo más de 1.600.000 euros, cantidad asumible por esta institución siempre por supuesto con el estudio previo de los técnicos y la Intervención", ha aseverado el portavoz de Vox.
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