Archivo - José Antonio Marín, gerente de Magrudis, en el momento del pase a disposición judicial junto a su hijo, Sandro, al fondo, tras ser acusados de delitos de homicidio imprudente y contra la salud pública, en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo
SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el brote de listeriosis de 2019 provocado por la carne mechada contaminada distribuida por la empresa Magrudis que dejó a más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos tiene prevista su primera sesión este viernes, 16 de octubre.
Será la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla la encargada de enjuiciar esta causa, dirigida contra los miembros de la familia administradora de la empresa, el arquitecto técnico y la veterinaria municipal investigada en la causa.
Cabe destacar que dispondrá de un total de 43 sesiones y prevé concluir el 27 de enero de 2027. De hecho, los tres primeros días, esto es del 16 al 19 de octubre, estarán dedicados únicamente al planteamiento de las cuestiones previas.
Ello, tras la abstención del magistrado Jesús Manuel Madroñal Navarro para el puesto de ponente del tribunal y la designación en 2024 de José Luis Ramírez Ortiz como nuevo ponente. No obstante, según señalaba la Sección Séptima, tras el cese del anterior se designó, de acuerdo con el turno establecido, a Alejandro Vián Ibáñez, encargado finalmente de la causa.
Así las cosas, el procedimiento se dirigirá contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa y sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario.
También será orientado contra Sergio L.G., por su papel como arquitecto técnico contratado por la empresa, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.
Asimismo, el procedimiento se destina contra las mercantiles Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L., así como contra las compañías aseguradoras AXA S.A., AIG Europe S.A. (sucursal en España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros, declaradas responsables civiles en la causa.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario, ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal.
PETICIONES DE CÁRCEL
De cara al juicio, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. De este modo, la Fiscalía no presentó acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento, quien figura como acusada en la causa.
La Fiscalía detectó respecto a los hechos un supuesto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclamó para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, cuatro años de cárcel; reclamando para cada uno de los mismos otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y esta vez sí para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.
FACUA PIDE PENAS DE PRISIÓN DE ENTRE 4 Y 12 AÑOS
Facua, que ejerce la acusación particular en la causa en representación de 64 afectados, ha pedido para los encausados penas de prisión de entre cuatro y doce años, según la gravedad de los delitos, además de las indemnizaciones que se determinen. La asociación ha reclamado para José Antonio Marín doce años de prisión --nueve años por el concurso ideal de delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y tres años por falsedad en documento oficial--.
También solicita para José Antonio 13 años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano y una multa de 15 euros al día durante un año.
La organización de consumidores ha solicitado diez y seis años de prisión para los hijos y la mujer del "administrador fáctico" de la empresa Magrudis SL. Para Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la mercantil, se pide un total de diez años y un día de cárcel por los mismos delitos que el padre --de los que ocho años y un día son por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia y dos por falsedad en documento oficial--.
Asimismo, se le requiere diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano, y una multa de 15 euros al día durante ocho meses.
Para Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, hijo y mujer del administrador fáctico de Madrudis SL, se solicitan seis años y un día de prisión por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, además de nueve años y un día de inhabilitación para el ejercicio de alguna profesión relacionada con la dirección, producción o distribución de productos destinados al consumo humano.
Además, Facua requiere para la inspectora veterinaria municipal, María José O.B., un total de diez años y un día de prisión --seis años y un día por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia, y cuatro por falsedad en documento público--.
Para la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla se piden también nueve años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión alguna relacionada con la inspección y supervisión de establecimientos y productos destinados al consumo humano, y cuatro años y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones como autoridad o funcionario público, además de una multa de 15 euros al día durante diez meses.
Por su parte, se solicita para Sergio L.G., arquitecto técnico, una pena de dos años años de prisión y una multa de 15 euros al día durante ocho meses por los delitos de falsedad en documento oficial. Para las empresas Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL se pide a la jueza que imponga una multa de 150 euros al día durante tres años, además de la pena de disolución de la persona jurídica por delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto y lesiones por imprudencia.
INDEMNIZACIONES
En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público solicitó que todos los acusados, salvo el arquitecto, indemnicen con 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados a ambas administraciones; respondiendo la aseguradora AXA "con carácter directo" como entidad aseguradora de Magrudis, una entidad que ya ha consignado 300.000 euros ante el juzgado instructor en favor de las víctimas y afectados.
También habrán de indemnizar con 5.861 euros a Endesa y habrán de compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados, con AXA de nuevo como responsable "directa" de responder y el Ayuntamiento hispalense como responsable civil subsidiario, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
