SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reivindicado los "medios suficientes" de la Policía Nacional para continuar la investigación en torno a la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, después de que la juez de Instrucción número tres de Sevilla haya encargado dicha labor a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En una nota este domingo, el SUP manifiesta "preocupación por la última resolución judicial que aparta de la investigación del caso mina de Aznalcóllar a la Policía Nacional y se le otorga a la Guardia Civil", algo que, a su juicio, "pone de relieve las deficiencias de nuestro sistema jurídico penal respecto a la relación entre los jueces y los técnicos superiores de la Administración en seguridad pública, encargado de las investigaciones, como son los mandos de Policía Nacional".
Así, el sindicato sostiene que "se pone de manifiesto que falta comunicación entre éstos, porque si el órgano instructor, quien dirige la investigación, entiende que algo está incompleto o no se está haciendo del todo bien, debe reorientar la investigación, sino directamente, a través del Ministerio Fiscal".
Para el SUP, "no se debe funcionar en las investigaciones como compartimentos estancos, sin ninguna relación, dado que en el ejercicio de la averiguación de los delitos la policía judicial depende de los jueces y fiscales".
"Respetamos las razones que ha tenido en consideración el órgano judicial para apartar del caso a la Policía Nacional", afirma el SUP, que matiza que "deben ser muy sólidas y poderosas", pues "de no existir estas razones de peso entendemos que podría conllevar la posibilidad de la defensa de plantear la nulidad de actuaciones o incluso la invalidez de las pruebas posteriormente obtenidas".
"ZOZOBRA"
No obstante, desde el SUP apuntan que estos hechos provocan "zozobra, al tratarse ya de la segunda ocasión que ocurre en Sevilla y en investigaciones que afectan a la Junta de Andalucía, así como la suspicacia que puedan provocar en la ciudadanía decisiones escasamente motivadas, sobre todo cuando se trata de excepciones a la regla general en materia tan delicada como son los delitos de corrupción política".
El SUP concluye remarcando que "la reapertura del caso se basa en los indicios aportados por la Policía Nacional, quien posee medios suficientes para continuar con la investigación y ser tan imparciales e independientes en las investigaciones como lo pueda ser la Guardia Civil".
