El PP de Espartinas ratifica ante el juzgado su denuncia por el 'caso Raphael'

ESPARTINAS (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Espartinas (Sevilla) Domingo Salado (PP) y el que fuera su primer teniente de alcalde, Javier Jiménez, han comparecido ante el Juzgado mixto número dos de Sanlúcar la Mayor, para ratificar la denuncia del PP contra el ya exalcalde de Espartinas José María Fernández (C's), por movimientos por valor de 12.000 euros en la Sociedad Espartinas Desarrollo Local S.A. (Esdelsa), actualmente en liquidación, careciendo de "funciones" al no ser uno de los liquidadores.

Según ha informado a Europa Press el propio Javier Jiménez, merced a las diligencias previas incoadas por la citada instancia judicial a cuenta de la denuncia del PP, el juzgado les requirió para "ratificar la denuncia y responder las denuncias de la juez" en torno a este caso, extremo acontecido este pasado martes.

En su denuncia, recogida por Europa Press, el PP explicaba que la empresa municipal Esdelsa, creada en 2002, acordó su disolución en el Registro Mercantil en un pleno en 2014, nombrando como liquidadores de dicha sociedad al exalcalde popular Domingo Salado y al también popular Javier Jiménez Rodríguez, con "duración indefinida y carácter solidario", por lo que ninguna otra persona podía "realizar movimientos sin autorización de los liquidadores", es decir ambos dirigentes populares.

Según esta denuncia, el ya exalcalde de Ciudadanos José María Fernández "reconoce haber realizado movimientos por valor de más de 12.000 euros con cargo a la sociedad, a pesar del conocimiento previo y expreso de que la sociedad estaba en liquidación" y que ninguno de los dos liquidadores había autorizado "ningún movimiento con cargo a la misma", por lo que le atribuyen un presunto delito de prevaricación.

Entre los movimientos aludidos, el PP denunciaba que el entonces alcalde había retirado "246 entradas valoradas en 42,90 euros cada una --más de 10.000 euros en total--, que debían ser vendidas por la sociedad para un concierto del conocido artista Raphael, con la finalidad de repartirlas gratuitamente a los empleados municipales".

LE ACUSAN DE PREVARICACIÓN

Así, los populares acusan a Fernández, --dimitido ya como alcalde--, de un posible delito de prevaricación por "la compra de un generador por valor de 834,90 euros, el alquiler de unas sillas por valor de 1.030 euros y la retirada de 246 entradas para el concierto de Raphael valoradas en 42,90 euros cada una con la finalidad de repartirlas gratuitamente entre los empleados" a pesar de que "debían ser vendidas por la sociedad, porque habría realizado dichos movimientos careciendo de las "funciones necesarias" al no ser uno de los liquidadores de la sociedad.

Ante esta causa judicial, el Ayuntamiento, ahora gobernado por Olga Hervás (C's), defiende que de su lado "el pago de 2.000 euros nunca pudo realizarlo José María Fernández, ya que su persona no estaba autorizada en la entidad bancaria donde la sociedad tenía la cuenta para realizar ningún tipo de pago", esgrimiendo un certificado bancario que señala que Fernández no era "apoderado o autorizado" en la cuenta relativa a Esdelsa.

Respecto a las entradas del concierto, defiende la actual alcaldesa que "fueron cedidas gratuitamente por la promotora del evento, ya que la venta no iba según las previsiones de los promotores y se pusieron en contacto con Fernández para entregarles estas entradas, sin ningún coste, para que las gradas mostraran un mejor aspecto".