SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La diputada provincial del PP de Sevilla y vicesecretaria provincial de Organización, Virginia Pérez, reclamó hoy la dimisión del ex alcalde de Guillena Justo Padilla (PSOE) como gerente de la Mancomunidad de Servicios La Vega, a cuenta de su condena a siete años de inhabilitación especial por prevaricación por omisión y el acuerdo alcanzado con la Fiscalía para aceptar ocho años y medio de inhabilitación especial y una multa de 2.700 euros por conceder licencias de obra en suelos declarados como zona verde.
En declaraciones a Europa Press, Virginia Pérez consideró que las penas aceptadas por el ex alcalde de Guillena "confirman" que su dimisión como primer edil y como concejal el pasado mes de mayo no fue fruto de "razones personales", sino "más bien de temas relacionados con causas con la Justicia", remitiéndose así a las penas aceptadas por el Justo Padilla para resolver por conformidad las dos causas en las que permanecía imputado; la construcción de viviendas en suelos declarados no urbanizables de los Lagos del Serrano y la entrega de licencias de obra para naves en zonas verdes del polígono El Cerro.
"Él mismo admite que ha existido prevaricación", señaló la dirigente popular, quien recordó que Justo Padilla ostenta la Gerencia de la Mancomunidad de Servicios La Vega, organismo que presidía antes de su dimisión y que "se trata de un ente administrativo que gestiona la cosa pública".
Mientras las penas aceptadas por Padilla suponen la inhabilitación para ejercer puestos de alcalde o concejal o cargo o empleo público relacionado con la concesión de licencias durante siete años y ocho años y seis meses según cada una de las causas, Pérez advirtió de que "no tiene lógica" que el ex alcalde conserve su puesto como gerente de la Mancomunidad de Servicios La Vega al tratarse de una institución pública.
Por eso, consideró que "por coherencia y por sentido común", Padilla debe dimitir de tal cargo, extremo que reclamará el PP también al secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, porque "no puede tener a señores condenados" ostentando cargos de responsabilidad pública. "Él mismo admite que ha existido prevaricación, pero sigue como gerente de la Mancomunidad. No tiene sentido", dijo la diputada provincial del PP, quien reclamó nuevamente su dimisión.
