av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene previsto analizar el próximo día 10 de junio la queja elevada por la Asociación de la Prensa de Sevilla contra la juez Mercedes Alaya después de que ésta ordenara a la Guardia Civil retener y analizar el contenido del teléfono móvil de un periodista al entender que podría haberle grabado por medio de este dispositivo.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que será el martes día 10 de junio cuando la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz analice la queja de la Asociación de la Prensa, quien en un escrito ha expresado su protesta ante el trato que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dispensó el 20 de mayo a un periodista del diario 'La Razón' que cubría la información sobre la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Asimismo, la propia juez ha elevado al TSJA un informe con su versión de los hechos, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Según explica la Asociación de la Prensa de Sevilla en su escrito de queja, el incidente tuvo lugar sobre las 14,30 horas, cuando la juez ordenó a la Guardia Civil retener el teléfono móvil de este redactor, terminal que estaba apagado y que se estaba cargando en un enchufe próximo a la puerta del despacho de la instructora.
La Asociación de la Prensa señala que la magistrada "interpretó erróneamente que el dispositivo estaba grabando lo que ocurría dentro de su despacho, a pesar de que lo tuvo en su mano y pudo comprobar que el terminal seguía apagado".
De este modo, y "sin siquiera atender las explicaciones del periodista, la juez fue a buscar a un agente de la Guardia Civil, quien retuvo el móvil e invitó al periodista a que lo acompañara hasta el juzgado de guardia". En estas dependencias, una vez cargado el teléfono, el agente "pudo verificar que no se había realizado ninguna grabación, tal y como se había afanado el periodista en ponerle de manifiesto".
Aun así, los datos del periodista y su DNI quedaron a disposición de la Guardia Civil, "no se sabe con qué finalidad", indica la asociación, que considera que "más sencillo hubiera sido y no se habría producido ningún incidente, si la magistrada se hubiera limitado a pedir al periodista que retirara el teléfono de ese lugar porque ella misma pudo ver, al haber tenido el celular en sus propias manos, que el dispositivo estaba apagado y con la batería completamente agotada".
El motivo de esta queja "no es otro que el de poner en conocimiento de la Sala de Gobierno del TSJA esta desproporcionada reacción, cuando los periodistas lo único que intentan es hacer su trabajo con dignidad".
"Lo que nos parece más grave de esta actitud es el hecho de que la instructora atribuyera la comisión de un posible delito al informador, al sospechar que estaba grabando las conversaciones de una magistrada con terceras personas", concluye.
