Arranz (Vox) lleva al Pleno de las Cortes una PNL contra la regularización y alerta del "efecto llamada"

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Vox David Arranz defenderá este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, una proposición no de ley que contiene una batería de medidas contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes iniciado por el Gobierno de España, que este partido ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Ha alertado contra "el efecto llamada" y la debilitación del principio de legalidad.

Arranz ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dejado claro "el completo rechazo" de Vox a la regularización de más de 500.000 migrantes en situación irregular actualmente, criticando que el Ejecutivo central ha aprobado un Real Decreto para llevarlo a cabo "evitando deliberadamente el debate parlamentario y la votación en el Congreso de los Diputados".

"El bipartidismo" ha llevado a término varias regularizaciones masivas desde 1985 de un total de 1,2 millones de personas "sin que ninguna haya resuelto el problema de la inmigración ni evitado la reiteración", ha considerado Arranz, para quien estos procesos "han generado un efecto llamada permanente, trasladando el mensaje de que el incumplimiento de la ley acaba siendo premiado", de forma que "se desautoriza y margina a quienes cumplen los procedimientos legales" y se generan "tensiones sociales evitables", se dificulta la labor policial, "aumenta la inseguridad en nuestros barrios y poblaciones y se deteriora la convivencia social".

El parlamentario de Vox ha asegurado que "la inmigración masiva sobrecarga y colapsa los servicios públicos más básicos, como la sanidad, la seguridad y la demanda de vivienda, las ayudas al alquiler, y aumenta el gasto de todas las Administraciones públicas".

Además, los requisitos que se exigen para este proceso de regularización "son completamente laxos", como haber trabajado, tener una oferta de empleo o mostrar voluntad de trabajar como autónomo, también presentar un informe de vulnerabilidad, que "se está emitiendo como churros por ciertas entidades colaboradoras registradas para tal fin".

"También es suficiente con que demuestren que tienen un núcleo familiar de ascendientes y descendientes aquí, así como no contar con antecedentes penales ni aquí ni en sus países de origen, extremos que están creando una notable inseguridad jurídica, ya que los informes de antecedentes penales de ciertos países no tienen la necesaria fiabilidad" porque "hay conductas que en sus países pueden no ser delito y aquí son delito, y no se tienen en cuenta, por ejemplo, los antecedentes policiales, e incluso pueden solicitarlo personas que están en prisión preventiva, que pueden haber cometido un delito grave, lo que es un sinsentido".

David Arranz se ha quejado de que "los distintos portavoces de Pedro Sánchez no esconden sus intenciones y verdaderos intereses con tal regulación extraordinaria", por ejemplo que "tras la regularización de inmigrantes vamos a por la nacionalidad y a que puedan votar, y celebran por supuesto esa regulación extraordinaria".

"No se nos escapa el interés de ciertas élites políticas por alterar el censo electoral y silenciar la voluntad de los españoles, hipotecando gravemente por su futuro, su seguridad y su prosperidad", ha continuado Arranz, para quien es "un fraude" la "supuesta necesidad" de realizar las regularizaciones para garantizar las pensiones y el Estado del Bienestar.

EXTRANJEROS EN PARO

Se ha remitido a un informe de la Fundación Disenso para aseverar que "la inmigración, poco cualificada, no compensa el déficit estructural de nuestro sistema, sino que lo agrava" y que "la inmigración no cualificada no paga pensiones, sino que genera déficit, nos cuesta más de lo que aportan" y, además, "no todos vienen a trabajar".

"España no necesita inmigración ni a corto ni a medio plazo", ha enfatizado Arranz, apuntando que hay tres millones de trabajadores españoles en paro y cientos de miles de extranjeros también en situación de desempleo: "Actualmente más de 3,9 millones de inmigrantes viven en nuestra nación sin trabajar, representando el 58% del total, alrededor de 7 millones de extranjeros".

PRIORIDAD NACIONAL

El parlamentario de Vox ha reivindicado la prioridad nacional en el acceso a "cualquier ayuda o prestación pública", considerando que "mientras los españoles padecen una profunda emergencia social y económica con cada vez menos poder adquisitivo, incapaces de acceder a una vivienda en propiedad y abandonados a la inseguridad y a la falta de infraestructura, este Gobierno ha decidido avanzar en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos y el resultado es que cada año la inmigración detrae a los españoles más recursos de los que aporta, condenando al futuro de todos".

Así, ha defendido "una política migratoria clara y firme", no regularizar a ningún migrante ilegal y avanzar en la repatriación de los que se encuentren en una situación ilegal.

MEDIDAS

Arranz ha presentado las medidas recogidas en la iniciativa parlamentaria que se debatirá y votará este jueves, proponiendo que las Cortes rechacen expresamente este proceso de regularización extraordinaria, repatriar a los que estén en situación ilegal y a los menores extranjeros no acompañados, así como deportar a cualquier inmigrante que cometa delitos graves o que haga del delito leve "su forma de vida", también "el que decida no integrarse en la cultura de la nación que le acoge o pretenda imponernos la suya, y establecer el principio de prioridad nacional".

Otras propuestas es "la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, pretendan vivir de las ayudas sociales y supongan un lastre para el Estado del Bienestar de los españoles", también "condicionar" el acceso de los inmigrantes legales a los servicios públicos a sus años de cotización, tras lo que ha alertado de la "emergencia habitacional sin precedentes y la emergencia de inseguridad en las calles, también en el acceso al empleo y a unas condiciones laborales dignas" en un contexto, ha dicho, de "saturación inmigratoria".

Al contrario, el diputado de Vox ha defendido "una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro país en cuanto al mercado laboral, asegurando en todo caso la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado del Bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres".

Ha recomendado "suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas imprescindibles humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen" y, asimismo, "eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones y ONG que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores".

Una de las medidas que propone Vox es "suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal" a España e impedir el empadronamiento a los residentes ilegales.

También, promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles y suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios hasta que no se cumplan los acuerdos bilaterales.