Ayuntamiento de Zaragoza adapta alquileres sociales a la pérdida de poder adquisitivo

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio zaragozano adapta desde este mes de marzo los criterios por los que calcula el precio de los alquileres sociales en los pisos gestionados por la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, con el objetivo de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

En rueda de prensa, el concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, ha explicado que estos nuevos criterios, adoptados tras un acuerdo en la sociedad municipal, son consecuencia de que, a pesar de que los ingresos de las familias han aumentado, con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de las pensiones, del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o del indicador de referencia para las prestaciones sociales (IPREM), "lo cierto y verdadero es que se ha perdido poder adquisitivo porque han subido mucho los precios, principalmente los de la alimentación, los suministros y demás servicios básicos".

Esta situación, ha continuado, ha afectado de manera muy especial a aquellas familias que están en una situación de mayor precariedad económica, como es el caso de muchos de los inquilinos de Zaragoza Vivienda.

Por ello, el objetivo de la sociedad municipal es "adecuar lo más posible el precio del alquiler a las circunstancias socioeconómicas actuales de cada una de las unidades de convivencia".

El responsable municipal de Vivienda ha recalcado que la intención es que las familias tengan que hacer un menor esfuerzo en el pago de las rentas tras detectar que, desde 2019, se estaba produciendo "una situación un tanto injusta" al subir los ingresos pero hacerlo también la inflación.

NUEVOS CRITERIOS

Así, a partir de ahora, el cálculo de la renta a pagar se hará teniendo en cuenta los ingresos netos de todos los miembros de la unidad familiar en los últimos tres meses, si bien los procedentes de hijos o descendientes de hasta 25 años computarán sólo el 50% y no se tomarán en consideración los relativos a las ayudas a la dependencia.

La renta se establece en 4 euros el metro cuadrado para los contratos firmados a partir del 1 de marzo de 2025, con los gastos de comunidad incluidos. El precio mínimo del alquiler se sitúa ahora en los 85 euros mensuales.

Sobre esta base, se aplicarán una serie de criterios reductores. De esta forma, las unidades de convivencia que tengan unos ingresos netos iguales o inferiores al IPREM, fijado en 600 euros al mes para 2025, abonarán ese precio mínimo de 85 euros al mes.

Por su parte, aquellas que se sitúen entre 1 y 2,5 veces este indicador pagarán entre el 15 y el 30 por ciento de sus ingresos, mientras que la renta de las familias que ingresen más de 2,5 veces el IPREM no superará el 30% de lo que ganen.

Otro de los criterios reductores tiene en cuenta el número de personas que viven en el hogar, con una rebaja de 10 euros al mes por cada miembro adicional a partir del tercero, así como en el caso de familias monoparentales o que tengan hijos menores con una discapacidad superior al 33%, a las que se aplicará un descuento de 20 euros mensuales. Estas reducciones sólo se aplicarán a las unidades de convivencia cuyos ingresos netos globales no superen el triple del IPREM.

SE REVISARÁN CADA CINCO AÑOS

José Miguel Rodrigo ha señalado que estos criterios son "independientes" y se podrán aplicar de forma acumulativa. Además, se revisarán cada cinco años, a no ser que se detecten cambios en la unidad de convivencia que hagan necesaria la modificación de los mismos.

El responsable municipal de Vivienda ha recalcado que el objetivo es que las familias tengan que hacer un menor esfuerzo en el pago de las rentas tras detectar que, desde 2019, se estaba produciendo "una situación un tanto injusta" al subir los ingresos pero hacerlo también la inflación.

La gerente de Zaragoza Vivienda, Lorena Reula, ha recordado que todas las familias que viven en estos pisos son vulnerables y que una cuarta de ellas están consideradas "especialmente vulnerables".

Como ejemplo ha puesto un domicilio en el que viven dos personas con una pensión no contributiva, el hijo de la pareja y un menor, nieto del matrimonio. Con los nuevos criterios, su renta de alquiler ascendería al 19,67% de sus ingresos, es decir, una ayuda de 227 euros al mes, frente a los 101 que reciben ahora.