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ZARAGOZA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Presidencia y Justicia de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno, el 18 de febrero, o en el siguiente, es decir, dos semanas después, se aprobará el anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.
Así lo ha señalado en una comparecencia ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, donde ha informado, a petición del PSOE, sobre el citado texto legislativo. Bermúdez de Castro ha precisado que la mencionada norma se va a tramitar de forma "paralela" a la modificación de la ley del Presidente para incluir en esta última "lo relativo al buen gobierno".
El consejero ha reconocido que "hay retraso" en la presentación de la ley de transparencia y "no hemos cumplido el compromiso" respecto a los plazos anunciados, pero esta legislatura acabará con esa norma en vigor, "que hasta la fecha no ha habido", para añadir que "no hubiera sido oportuno aprobarla sin saber qué decía la ley nacional", de la que se dispone desde el pasado mes de noviembre.
Además, ha argumentado que durante este tiempo "todas las Administraciones e instituciones han dado pasos importantes en transparencia", tanto las Cortes autonómicas, como las tres diputaciones provinciales, los tres ayuntamientos de capital de provincia y también el Gobierno de Aragón.
Respecto a este último, ha comentado que "ha publicado muchas más cosas que antes" y ha lamentado que desde la oposición "digan que hay margen de mejora" y no mencionen los avances hechos. "No me parece justo que digan que somos opacos", cuando se han publicado "documentos que eran difíciles de conseguir" anteriormente, ha remarcado.
Igualmente, ha deseado que la futura ley "perdure" y tanto el ciudadano como las Administraciones públicas y las entidades que reciben dinero público "vean como algo normal" tanto el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, como dar una "publicidad activa" de la misma.
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
El consejero ha anunciado que en cuanto se apruebe el anteproyecto de ley en Consejo de Gobierno se iniciará "el proceso de participación" y respecto a los grupos políticos ha dicho que "ojalá haya consenso" por lo que les ha pedido que "no se ponga la venda antes de la herida", aunque ha reconocido que "hay temas en los que nunca nos vamos poner de acuerdo".
Bermúdez de Castro ha avanzado que la ley sí incluirá a la empresa Aramón, participada al 50 por ciento por el Ejecutivo aragonés, además de que se estudia si rebajar los 100.000 euros que contempla la ley estatal como criterio para su aplicación a las entidades que reciban más de esa cantidad anual de dinero público.
Por otra parte, se valora si "utilizar" el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que crea la norma nacional en vez de crear uno en la Comunidad autónoma.
Asimismo, ha comentado que el buen gobierno debe contribuir a "saber exactamente el grado de cumplimiento de una serie de objetivos políticos que nos vamos marcando", si bien, "al final, las consecuencias de los actos políticos se dirime en las urnas".
MECANISMOS EFICACES
El diputado del PSOE, Carlos Tomás, ha abogado por que la futura ley incluya, además de a todas las Administraciones, a las entidades públicas, así como que permita la "dación de cuentas" de estas y sus gestores, "con mecanismos eficaces para el derecho de acceso a la información pública sin ninguna limitación".
Igualmente, ha reivindicado un "amplio consenso" para que tenga "vocación de perdurabilidad" y no un texto "para salir del paso", si bien ha sostenido que "nos resulta difícil creer que este gobierno esté dispuesto a consensuar una ley de transparencia" dadas las "respuestas a las preguntas escritas" y por "todos los antecedentes de estos casi tres años de gobierno".
Por último, ha considerado que debería haber una ley de transparencia e información pública, otra de participación ciudadana y una tercera del buen gobierno.
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha opinado que "no basta con que haya una ley" y le ha pedido al consejero que "no se limite a transponer la legislación estatal", sino que sea "más exigente". Además, ha querido saber si la nueva norma va a afectar a la empresa Aramón y ha considerado que "hay mucho recorrido" todavía en este ámbito para el Ejecutivo aragonés.
La portavoz de IU, Patricia Luquin, ha mostrado su preocupación por que la futura norma "sea una mala ley", como ha estimado que lo es la estatal, después de que el Gobierno autonómico haya demostrado que posee "serias carencias de transparencia" por las contestaciones que da a los grupos y por llevar seis meses sin publicar las listas de espera quirúrgicas, para argumentar que "la ley es importante, pero más como se trabaja en el día a día", donde "hay un margen de mejora amplísimo".
El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha sostenido que "la transparencia no es un fin en si mismo", sino que lo interesante es "si nos la creemos o no" porque puede haber una ley, pero si no se cree en ella, "no se ejercerá". Asimismo, ha defendido que haya un proceso de participación "lo más exhaustivo posible" porque la "vigencia" de una norma "es directamente proporcional al grado de consenso que ha tenido" en su elaboración.
El diputado del PP, Fernando González, ha manifestado que "sería justo" que la oposición "reconociera todos los avances" hechos sin tener la obligación legal, dando contestación, por ejemplo, el Gobierno a asuntos "importantes que estaban enquistados", para abogar también porque la futura ley "perdure".
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