ZARAGOZA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado con los votos de los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos, y el respaldo de CHA y Zaragoza en Común (ZeC), la propuesta del equipo de gobierno de modificar de forma puntual la plantilla de personal para incluir las 14 plazas del servicio de atención telefónica del 010 que posteriormente se tendrían que sacar a concurso público.
El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha manifestado que es el undécimo y último intento de regularizar las plazas del servicio del 010 y supone ejecutar la sentencia del juzgado de los social que dice que se tienen que incluir en la plantilla las 14 plazas y sacarlas luego a concurso público bajo los principios de mérito, capacidad y concurrencia pública.
Cubero ha contado que sea cual fuer el resultado del juzgado de lo contencioso administrativo --vía por la que también está judicializado este asunto-- "no afectaría a la subrogación" de la sentencia del jugado de lo social. "El Ayuntamiento tiene el debe de incluir a las trabajadoras en plantilla, según la Ley de bases de régimen local".
En su intervención ha pedido a los grupos disconformes que se abstengan para que salga adelante la plantilla y se incluyan las plazas en la oferta de empleo público.
El portavoz del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha avanzado el voto a favor y ha explicado que la sentencia de lo social reconoce la subrogación del ayuntamiento con estas trabajadoras. La decisión compete a los concejales del pleno y "prevalece" la sentencia de lo social que reconoce la situación laboral de las trabajadoras frente a la del contencioso administrativo, ha aseverado.
CONFRONTACIÓN
"Es finalizar un problema que puede terminar bien aunque el gobierno de ZeC lo ha afrentado mal y es de justicia para dar una salida digna a un periplo al que las 14 empleadas no deberían haber sido sometidas".
La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, ha relatado el proceso de este asunto y ha anunciado el voto en contra porque la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo no es firme y mientras tanto no se puede votar la modificación de la plantilla. "Los tribunales opinan y las instituciones nos tenemos que atener al marco jurídico".
La concejal del grupo municipal del PSOE, Marta Aparicio, ha dicho que es el último intento de ZeC de convertir el 010 en un espacio de confrontación política con la modificación parcial del plantilla para incluir las plazas y culminar la municipalización de este servicio.
Marta Aparicio ha dicho que Cubero debería haber dimitido después de que el juzgado de lo social le haya dicho que "actuó ilegalmente" y le ha instado a que "deje de amenazar" al PSOE al argumentar: "no le ha funcionado en cinco años y no lo hará en tres meses. Quieren hacer inejecutable la sentencia del contencioso administrativo".
El concejal del grupo municipal del PP, José Ignacio Senao, ha dicho que las sentencias de los dos juzgados son "más que manifiestas" y la de lo social es la que más claramente dice las "irregularidades que ha cometido el Ayuntamiento y no pueden formar parte de la plantilla".
Senao le ha pedido a Cubero que "deje de enredar" con estas cosas y le ha instado a que acate la sentencias de los juzgados y asuma la responsabilidad de los actos "aprobados en contra de la ley".
TRABAJADORES POR ENCIMA DE LA LEY
Cubero ha replicado que el servicio del 010 ya es municipal y desde hace un año se ha mejorado y tendrá más mejoras porque "ya está municipalizado".
"Nuestro objetivo está cumplido, no de la forma que queríamos, pero las trabajadores cobran y se mejora el servicio porque está adaptado a personas sordas".
"Defiendo los derechos de los trabajadores, no la legislación vigente y si, alguna vez, tengo que elegir entre defender a los trabajadores o cumplir la ley elijo defender a los trabajadores porque, lo primero, es defender los derechos de la clase trabajadora y este debate ya está hecho".
A colación ha reconocido que este asunto lo trae al pleno para cubrirse la espaldas, para cumplir la ley y se ha mostrado convencido de que se recurrirá la sentencia de lo contencioso-administrativo.
