ZARAGOZA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que apoyan al Gobierno autonómico, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR), han pedido hoy en la Junta de Portavoces un segundo informe jurídico a la Cámara sobre el proyecto de ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que permitirá el desarrollo del macroproyecto de ocio y juego Gran Scala en Ontiñena (Huesca).
Los portavoces de ambos grupos, Jesús Miguel Franco (PSOE) y Javier Allué (PAR), anunciaron esta decisión en declaraciones a los medios de comunicación después de que el informe jurídico del letrado de la ponencia que ha debatido el proyecto de ley señale que podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social proyectos de esta naturaleza.
El portavoz del PSOE subrayó que "no vamos a apoyar ningún artículo ni disposición que sea contrario a ninguna norma y menos a la norma constitucional", para agregar que "tengo datos jurídicos e informes que no opinan lo mismo" que el informe del letrado, que, por otra parte, no es vinculante.
No obstante, van a solicitar ese segundo informe para tener, "si cabe, mayor seguridad" porque "no queremos votar nada que sea difícil de entender por todo el mundo".
El portavoz del PAR también aseguró disponer de "datos jurídicos" que no coinciden con las sugerencias del informe del letrado, pero "no tendremos inconveniente en solicitar un segundo informe para saber si los servicios jurídicos de la Cámara consideran lo mismo" que ese primer informe.
Allué agregó que la sugerencia del letrado "es un párrafo de cuatro líneas que dice podría cuestionarse la constitucionalidad de la norma" en lo que se refiere a la capacidad del Gobierno de declarar de utilidad pública e interés social un proyecto de esta naturaleza, pero "no hace ningún tipo de argumentación jurídica más".
A su entender, los preceptos a los que hace referencia ese informe "no son inconstitucionales, en ningún caso", al tiempo que se preguntó si crear 3.000 puestos de trabajo no es de interés social, en referencia a la previsión de empleos que creará Gran Scala.
DISPONER DE UN MARCO JURÍDICO
El portavoz del PSOE explicó que los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo "estamos intentando que el gobierno disponga una ley que enmarque las posibilidades de desarrollo" de los proyectos de ocio de alta capacidad "para que no vaya cada uno por donde quiera". "Nos parecería negativo no aprovechar cualquier situación de desarrollo", siempre que ésta sea "sostenible, legal, adecuada a la norma y constitucional", agregó.
Para Franco, "lo más malo" sería que un proyecto como Gran Scala "se hiciera en límite de Aragón, pero en otra Comunidad autónoma". Eso "me parecería un error y una frivolidad por parte de un gobierno", especialmente en el caso de Aragón, una región "con tan poca demografía y un espacio tan amplio".
Los portavoces de ambos grupos aclararon que la petición de este segundo informe no influirá en la tramitación prevista del proyecto de ley, cuyo informe de la ponencia será votado mañana en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de las Cortes de Aragón, para su debate definitivo en el pleno de la Cámara del jueves 25 de junio.
