La comunidad autónoma de Aragón asume desde hoy estas competencias con un coste efectivo de 49,2 millones de euros
ZARAGOZA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, afirmó hoy que la transferencia de las competencias de la gestión de la Administración de Justicia que se produce hoy, día 2 de enero, va a crear unas expectativas "tremendas". Ante esta situación, Silva se mostró contento y satisfecho, pero apuntó que esta asunción de competencias hay que llevarla con serenidad porque, "a lo largo de la tramitación, se irán produciendo complicaciones".
Asimismo, recordó, en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno aragonés cuenta con la colaboración del Ministerio de Justicia, a través de un grupo de trabajo que ayudarán a "limar las cuestiones que vayan apareciendo".
La gestión de la Administración de Justicia conlleva un coste efectivo de 49,2 millones de euros, además de una partida única de 6 millones de euros aportada por el Ministerio de Justicia para acometer mejoras en infraestructuras y equipamientos.
Las acciones previstas están dirigidas a mejorar los medios personales y materiales de la Administración de Justicia que el Departamento de Política Territorial Justicia e Interior del Ejecutivo autónomo ha estructurado en tres bloques: inmuebles, personal y nuevas tecnologías. Sin embargo, Silva explicó que este año no se van a solucionar todos los problemas de la administración de Justicia, pero sí la "gran mayoría".
Para conocer la situación real en la que se encuentran las instalaciones de la Administración de Justicia en la Comunidad aragonesa, varios grupos de trabajo han visitado todas las sedes judiciales de la Comunidad, excepto las de Daroca, Calatayud y La Almunia porque "no ha dado tiempo", según señaló Silva.
El Gobierno de Aragón tiene previsto invertir más de 5 millones de euros para acometer mejoras prioritarias de infraestructuras y modernización de diversas sedes en varios partidos judiciales, así como la construcción de nuevos edificios para hacer frente a las carencias detectadas en las sedes judiciales por el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior.
En la ciudad de Zaragoza, el Gobierno de Aragón quiere acabar con la dispersión actual de los órganos judiciales y crear un espacio o conjunto de espacios para poder prestar el servicio de justicia a los ciudadanos de una manera cómoda, ya que según Silva, en la capital aragonesa faltan metros cuadrados, en concreto un 30 por ciento más de los que se destinan actualmente.
Respecto, a la creación de un Distrito de la Justicia, Silva señaló que se están estudiando y analizando los espacios disponibles y su funcionalidad para acoger a la Administración de la Justicia. Por ahora, está cerrando el proceso de evaluación del Palacio de Fuenclara, la Imprenta Blasco y el solar de la calle Galo Ponte que fueron ofertados por el Ayuntamiento de Zaragoza en la Comisión Bilateral Gobierno de Aragón-Consistorio. De momento, tal y como indicó Silva, todavía no hay proyecto de ampliación para la Audiencia Provincial de Zaragoza.
A partir del 30 de abril, la capital aragonesa acogerá a la sección IV de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5.
Además, en Caspe se contempla la finalización de los trabajos del nuevo edificio destinado a órganos judiciales, dotado de planta sótano, planta baja, planta primera y segunda, según indicó Silva.
En Huesca está prevista la ampliación de las instalaciones judiciales mediante la construcción de nuevos equipamientos en el solar cedido por el Ayuntamiento en la calle Zaragoza, en el polígono 41, que cuenta con una extensión de más de 5.700 metros cuadrados. Esta actuación se acometerá, según Silva, de manera "inmediata".
También en la provincia de Huesca, el Ejecutivo contempla la construcción de nuevos Juzgados en Fraga en el solar cedido por el Ayuntamiento de Fraga, con una superficie de 2.000 metros cuadrados.
En Teruel se duplicará la superficie destinada a órganos judiciales con las obras de ampliación de los Juzgados de Teruel que está llevando a cabo el Ministerio, en el inmueble situado en la Plaza San Juan, colindante con la Audiencia Provincial. El Ministerio de Justicia tiene prevista una inversión de unos 2 millones de euros para estos trabajos.
Por otro lado, Silva explicó que, además, se acometerá una serie de mejoras para corregir deficiencias relacionadas con problemas de humedades, grietas y sistemas de calefacción y refrigeración en inmuebles de Alcañiz, Monzón y Jaca, entre otras actuaciones a corto plazo.
PERSONAL.
Silva apuntó que el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior asume las competencias con la intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Justicia que se traspasan.
En este sentido, el Gobierno de Aragón tiene previsto acometer un proceso de valoración y de diálogo conjuntamente con la dirección general de Función Pública, para estudiar las distintas demandas de este personal entre los que hay que distinguir laboral en el que se encuentran 105 personas, de gerencia formado por 19 trabajadores y funcionarios, que es el colectivo mayoritario, con 1.121 empleados.
En el caso del personal laboral, la adaptación de los 105 trabajadores, entre los que se encuentran psicólogos, informáticos y personal de limpieza, al propio de la administración autonómica se produce de manera inmediata, lo que supone una cuantía de unos 445.000 euros, con un incremento salarial de entre el 10 por ciento y el 20 por ciento.
Asimismo, el personal funcionario adscrito a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Aragón, un total de 19 personas, pertenece a los Cuerpos Generales de la Administración General del Estado, por lo que se integran también directamente lo que supone un coste de aproximadamente 100.000 euros.
SEGURIDAD.
Por otro lado, en lo relativo a temas de seguridad se destinarán más de 500.000 euros para la adquisición de equipos materiales y para la inversión en servicios de seguridad. Silva señaló que el Ejecutivo autónomo elaboró, a través de la Dirección General de Interior, un diagnóstico en el que se recogen las principales carencias a este respecto, diferentes según las sedes judiciales, con el objetivo de reforzar los sistemas y dispositivos de vigilancia, así como los medios humanos de los que se dispone.
En este sentido, el Gobierno de Aragón se servirá para ello de la seguridad privada y de la pública. Se cuenta con la previsión de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma en función del solicitado incremento del número de efectivos al Ministerio de Interior.
A corto plazo, la Dirección General de Administración de Justicia tiene previsto reforzar la seguridad con la introducción de más medios denominados pasivos, sistemas de escáner y diversos arcos detectores de metales entre otros equipos.
NUEVAS TECNOLOGÍAS.
El Gobierno de Aragón actualizará las tecnologías de la información y de la comunicación tal y como indica el estudio técnico realizado por los servicios informáticos del Ejecutivo autónomo.
Para ello, se ha diseñado un programa de actuaciones en el que se invertirán cerca de 2 millones de euros para la renovación de equipos informáticos, impresoras, cableado, equipos multimedia y renovación de sistemas de backup servidores.
Como medida más urgente se han adquirido un total de 70 ordenadores, de los cuales 26, se destinan a las agrupaciones de juzgados de paz y el resto a distintas sedes de Huesca, Zaragoza y Teruel. Además se van a distribuir impresoras para cubrir las necesidades más prioritarias.
