OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha ratificado esta semana las dos multas de 7.513 euros cada una y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo de 10 años a dos cazadores, por una infracción muy grave tipificada en la Ley de Caza del Principado de Asturias.
Los hechos sancionados se produjeron en Corvera y en Riosa cuando fueron sorprendidos cazando en una zona de seguridad, en la que la normativa prohíbe practicar cualquier tipo de caza por la proximidad de núcleos habitados de viviendas, según información del Ejecutivo autonómico.
En el caso de la denuncia cursada ante la Consejería de Agroganadería y Recursos Naturales por dos agentes de la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2014, a las 10.50 horas en Cancienes, al ser sorprendido un varón, cuya identidad responde a las iniciales J.M.P.C., practicando la caza menor en un lugar donde está expresamente prohibido por ser considerado zona de seguridad.
En concreto, el cazador se hallaba a 50 metros de una vivienda, encontrándose el resto en un radio de 200 metros, con el arma preparada y acompañado de varios perros. Al percatarse de la presencia de los agentes, comenzó a caminar en dirección opuesta y descargó el arma.
Asimismo, los agentes de la Guardia Civil interpusieron una denuncia contra G.F.S., por cazar en una zona de seguridad el día 11 de diciembre de 2014, a las 17 horas, en las inmediaciones de la localidad de Villameri (Riosa). Los agentes observaron al presunto infractor practicando la caza menor en un camino de uso público, a 80 metros de la última edificación del pueblo, portando una escopeta cargada con dos cartuchos.
La Ley de Caza del Principado señala que la zona de seguridad donde no se puede cazar comprende un área de 200 metros en el caso de que se trate de un núcleo compuesto por varias edificaciones habitables o 100 metros si es una única vivienda. La ley prohíbe taxativamente el ejercicio de la actividad cinegética en esta zona como medida precautoria especial para garantizar la adecuada protección de las personas y sus bienes.
